Contraloría detecta 7.207 funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica en 2025
Resumen
La Contraloría General de la República publicó el informe CIC N° 26, identificando a 7.207 servidores públicos que salieron del país durante 2025 mientras hacían uso de licencias médicas. Esta cifra representa una disminución del 63% en comparación con los registros de 2023 y 2024, cuando se contabilizaron cerca de 20.000 casos anuales. El organismo destacó que, tras la primera alerta emitida en mayo de 2025, el uso de permisos médicos para viajes internacionales cayó un 92% respecto al mismo periodo de años anteriores.
A pesar de la reducción general, el informe advierte sobre la persistencia de conductas reiteradas en el sector público. Un total de 4.522 funcionarios registraron viajes en dos de los tres años analizados, mientras que 566 personas repitieron esta conducta durante todo el trienio 2023-2025. Instituciones como la Junji, la Fundación Integra y el SLEP Chinchorro encabezan el listado de entidades con mayor cantidad de casos detectados durante el último año.
El gobierno, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reafirmó su compromiso de agilizar los sumarios administrativos y aplicar sanciones por faltas a la probidad. La Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, la Compin, la Suseso y el Consejo de Defensa del Estado. Estas acciones buscan asegurar que los recursos públicos y las jornadas laborales se utilicen exclusivamente para la función estatal.
Análisis Político
La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar la fiscalización de la Contraloría para proyectar una imagen de rigor administrativo y probidad, respondiendo a la presión de la oposición que cuestiona la lentitud en la resolución de sumarios. Al comprometerse a revisar periodos anteriores a 2022, el gobierno busca desplazar el foco hacia la gestión de años previos, intentando cerrar el flanco de críticas sobre la impunidad en el sector público.
En este escenario, el gobierno gana legitimidad al mostrar una reducción estadística significativa en las irregularidades, mientras que los funcionarios públicos involucrados y las instituciones con mayores tasas de reincidencia pierden credibilidad institucional. La narrativa se construye mediante el contraste entre la 'reducción sostenida' celebrada por el ente fiscalizador y la 'impunidad' denunciada por sectores legislativos, obligando a las autoridades a equilibrar la eficiencia sancionatoria con la gestión de los plazos administrativos.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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