Codelco detecta 42 mil toneladas de producción artificial y proyecta millonario castigo contable
Resumen
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) confirmó la manipulación de sus cifras de producción durante 2024 y 2025, detectando un total de 42.100 toneladas de cobre contabilizadas indebidamente. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, detalló que los mecanismos incluyeron el registro de productos sin procesar como terminados, la duplicación de partidas entre divisiones y el aumento arbitrario de metas. Esta irregularidad obligará a la estatal a realizar un castigo contable estimado entre 120 y 140 millones de dólares.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó el suceso como un engaño al más alto nivel administrativo, señalando que la plana ejecutiva anterior desestimó las advertencias realizadas por el directorio en su momento. Ante este escenario, el Gobierno anunció la creación de una mesa de expertos para revisar la institucionalidad minera y la gobernanza de la empresa. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, enfatizó que el Estado busca ejercer un control más riguroso sobre la estatal bajo la actual administración.
La crisis de probidad se suma a un complejo panorama operativo, marcado por una caída productiva del 9% en la estatal y una baja inversión atribuida a factores regulatorios y tributarios. Fontaine adelantó que la compañía priorizará un plan de recuperación para estabilizar la producción en torno a 1,2 millones de toneladas anuales. Para 2027, el directorio proyecta presentar una reestructuración profunda de la minera para mejorar su eficiencia y rentabilidad a largo plazo.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en desmarcarse de la gestión anterior, utilizando el escándalo de Codelco para justificar una reforma estructural en la gobernanza de las empresas públicas. Al calificar el hecho como un engaño administrativo, el Ejecutivo busca trasladar la responsabilidad política hacia la administración previa, mientras impulsa una narrativa de modernización que incluye la posible apertura a capitales privados y una mayor fiscalización estatal. Esta postura permite al Gobierno capitalizar el descontento ciudadano por la gestión de recursos públicos, presentándose como el actor que impone orden y transparencia.
En este evento, el Gobierno y el actual directorio de Codelco ganan legitimidad al posicionarse como los fiscalizadores que destapan irregularidades, mientras que la administración anterior y los ejecutivos involucrados pierden credibilidad y enfrentan posibles sanciones penales. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la supuesta ineficiencia y falta de ética del pasado frente a un nuevo estándar de gestión técnica y realista. Esta polarización narrativa busca cerrar el ciclo de los proyectos estructurales fallidos y justificar medidas de austeridad y control que, de otro modo, enfrentarían mayor resistencia política.
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