La Contraloría General de la República identificó irregularidades en el control de 9.653 inmuebles fiscales tras cruzar datos de 109 organismos públicos con el Ministerio de Bienes Nacionales. El informe reveló que 3.238 propiedades figuran en registros contables sin tener una destinación vigente, sumando un valor superior a los 451 mil millones de pesos. Adicionalmente, existen 6.415 inmuebles que poseen destinación legal pero fueron omitidos de los registros contables de sus respectivas instituciones. Los hallazgos afectan principalmente a organismos como la Dirección de Obras Portuarias, la Policía de Investigaciones y el Hospital de Carabineros en el caso de bienes sin destinación. Por otro lado, los ministerios del Interior, Defensa y Obras Públicas concentran la mayor cantidad de propiedades con destinación vigente que no han sido incorporadas a la contabilidad. La Región de Aysén destaca en el reporte al liderar el ranking nacional de inmuebles contabilizados sin la debida autorización ministerial. El ente fiscalizador instruyó a los servicios involucrados regularizar estas situaciones en un plazo máximo de 90 días para asegurar la transparencia patrimonial del Estado. La medida incluye la notificación al Ministerio de Bienes Nacionales para formalizar las destinaciones pendientes y la advertencia de posibles procedimientos disciplinarios. El objetivo central es corregir la integridad de la información financiera pública y fortalecer los mecanismos de control sobre el patrimonio fiscal.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en el fortalecimiento de la fiscalización técnica como mecanismo de control institucional, donde la Contraloría ejerce su rol de garante de la probidad y eficiencia administrativa. Al exponer fallas contables en ministerios clave y fuerzas de seguridad, el organismo fiscalizador presiona por una modernización en la gestión de activos estatales, obligando a las carteras ministeriales a rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos. Esta dinámica busca reducir la opacidad en la administración del patrimonio fiscal, un tema sensible en la agenda de transparencia del país. En este evento, el principal perdedor es la gestión administrativa de los ministerios y servicios involucrados, cuya ineficiencia queda expuesta ante la opinión pública, debilitando su imagen de control interno. Por su parte, la Contraloría gana legitimidad al actuar como un ente fiscalizador proactivo que no solo detecta, sino que impone plazos perentorios para la corrección de irregularidades. La narrativa se construye desde la tecnocracia fiscalizadora, que prioriza la integridad financiera, frente a una administración pública que, por desidia o falta de coordinación, ha permitido un desorden contable prolongado en el tiempo.