Derrame de relaves en Codelco Andina genera alerta ambiental en el río Aconcagua
Resumen
La División Andina de Codelco sufrió un derrame de relaves en el sector cordillerano de Los Andes, provocado por la obstrucción de una canaleta tras la caída de un objeto. La empresa estatal paralizó su planta concentradora y activó protocolos de emergencia, asegurando que la situación está controlada y que los monitoreos iniciales no muestran alteraciones significativas en la calidad del agua. El incidente afectó potencialmente al río Blanco, afluente del río Aconcagua, lo que obligó a la empresa sanitaria Esval y a la Junta de Vigilancia a cerrar preventivamente sus captaciones de agua.
Autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, han manifestado su profunda preocupación por los posibles efectos en la agricultura y el consumo humano. La edil cuestionó la falta de mediciones independientes y exigió mayor claridad sobre el impacto real del material vertido. Parlamentarios de la zona también han solicitado oficios y pericias a organismos como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Policía de Investigaciones para esclarecer los hechos.
La Superintendencia del Medio Ambiente inició una fiscalización formal en terreno y exigió a Codelco la entrega de antecedentes técnicos en plazos perentorios para determinar las causas y consecuencias ambientales. Este evento ocurre en un contexto de escrutinio público hacia la minera estatal, que enfrenta cuestionamientos adicionales por inconsistencias en sus reportes productivos. La comunidad y los agricultores mantienen la incertidumbre ante la falta de resultados de estudios externos que validen las versiones entregadas por la compañía.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en la contención de daños por parte de la empresa estatal, que busca minimizar la percepción de riesgo mediante la activación de protocolos técnicos y la comunicación de resultados internos. Por otro lado, los actores locales y parlamentarios utilizan el evento para posicionarse como defensores de la seguridad hídrica y la agricultura, ejerciendo presión sobre la institucionalidad ambiental para que actúe con rigor frente a una empresa estatal, lo que tensiona la relación entre el Gobierno y la gestión de sus propias compañías.
En este escenario, Codelco pierde credibilidad y reputación, especialmente al coincidir con otras crisis de gestión interna, mientras que las autoridades locales ganan visibilidad política al liderar la demanda de transparencia. La narrativa de la empresa se construye sobre la idea de un accidente fortuito y controlado, mientras que la narrativa de los actores locales se centra en la desconfianza hacia la fiscalización propia y el temor por la vulnerabilidad de los recursos hídricos frente a la actividad minera.
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