El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, los cuales sustentaban el modelo de expedición de pasaportes heredado de la administración anterior. Ante esta medida cautelar, la Imprenta Nacional suspendió temporalmente los despachos de libretas desde la Casa de la Moneda de Portugal, generando incertidumbre sobre el alcance de la decisión judicial en el convenio tripartito internacional. La Casa de la Moneda de Portugal solicitó aclaraciones al tribunal, advirtiendo que frenar las entregas podría limitar el acceso de los ciudadanos al servicio público. La Cancillería, bajo la dirección de Omar Bula, presentó una solicitud formal ante el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel para obtener autorización expresa que permita personalizar y utilizar el stock de 600.000 libretas ya disponibles. El Gobierno sostiene que esta medida es indispensable para garantizar la continuidad del servicio durante el periodo de transición de tres meses, tiempo estimado para estructurar un nuevo esquema contractual. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior han reiterado un mensaje de calma a la ciudadanía, asegurando que el inventario actual es suficiente para cubrir la demanda durante los próximos cuatro meses. La situación ha reabierto el debate sobre la viabilidad del modelo estatal de pasaportes y la posibilidad de un retorno a esquemas de contratación previos, como el que involucraba a Thomas Greg & Sons. Mientras el Gobierno prepara los trámites administrativos y logísticos para cumplir con el fallo, persisten dudas sobre si la suspensión judicial afectará de manera definitiva la infraestructura de producción. La respuesta del tribunal será determinante para definir si el Estado puede mantener el control del proceso o si deberá modificar sustancialmente su estrategia operativa.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de Abelardo De La Espriella se centra en la contención de daños mediante la gestión de expectativas y la búsqueda de seguridad jurídica. Al solicitar aclaraciones al tribunal y enfatizar la existencia de un stock de libretas, el Ejecutivo intenta evitar una crisis de gobernabilidad derivada de la posible parálisis de un servicio público esencial, mientras utiliza el tiempo de transición para evaluar alternativas contractuales que podrían marcar una ruptura definitiva con el modelo de su predecesor. El Gobierno gana tiempo para maniobrar, pero pierde capacidad de ejecución inmediata sobre el modelo que defendía, quedando expuesto a la incertidumbre judicial. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la 'continuidad y calma' para evitar el pánico ciudadano, mientras que el sector judicial y los actores críticos del modelo anterior construyen una narrativa de 'falta de soporte y opacidad' en la gestión de los convenios, lo que debilita la legitimidad del esquema estatal de producción de pasaportes.