El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención forzosa administrativa sobre Coosalud EPS, vigente desde noviembre de 2024. El magistrado Luis Miguel Villalobos determinó que la medida estatal no logró superar la crisis financiera ni mejorar la prestación de servicios para los más de tres millones de afiliados. La decisión judicial exige la restitución inmediata de la administración a los directivos que ejercían antes de la toma de posesión, específicamente a Jaime González Montaño y Natalia Largo González.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centró en el uso de la intervención administrativa como herramienta de control sobre el sistema de salud, la cual fue confrontada mediante una acción popular que capitalizó los informes negativos de los entes de control. Este evento representa una derrota política para la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, que ve limitada su capacidad de injerencia directa sobre las EPS, mientras que los antiguos administradores recuperan el control operativo bajo la vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría. Se observa una construcción de narrativas opuestas: mientras el Gobierno justificó la intervención como una medida necesaria para corregir fallas estructurales, el Tribunal y los organismos de control validaron la tesis de que la administración estatal resultó ineficaz y contraproducente. Esta tensión judicial subraya la fragilidad de las intervenciones administrativas cuando no logran demostrar resultados tangibles en la mejora del servicio, convirtiéndose en un punto de fricción entre la política pública de salud y el control judicial.