El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia formalizó un contrato transitorio con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, conformada por Thomas Greg & Sons y Thales Colombia, para asegurar la producción de pasaportes hasta diciembre de 2027. Esta medida se adoptó mediante la figura de urgencia manifiesta, amparada en la Ley 80 de 1993, tras la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender los convenios previos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. La Cancillería justificó la decisión ante el riesgo inminente de desabastecimiento de libretas, cuyo inventario actual se agota en noviembre de 2026. El canciller Omar Bula enfatizó que el contrato es una solución temporal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio esencial tanto en el territorio nacional como en los consulados. La entidad aseguró que los precios unitarios de los pasaportes se mantendrán sin incrementos por inflación o tasa de cambio, protegiendo así la economía de los ciudadanos. El proceso cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para asegurar la transparencia mientras se estructura una nueva licitación pública definitiva. La adjudicación ha generado tensiones diplomáticas y políticas, dado que el modelo anterior buscaba la soberanía tecnológica mediante acuerdos con entidades europeas. El expresidente Gustavo Petro criticó la contratación, vinculándola con cuestionamientos sobre la transparencia en procesos electorales pasados. Por su parte, el Gobierno actual sostiene que la prioridad es la operatividad técnica y la seguridad documental, evitando que la incertidumbre jurídica afecte el derecho de los colombianos a obtener sus documentos de viaje.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en el pragmatismo administrativo para evitar una crisis de servicios públicos que afectaría directamente a la ciudadanía. Al utilizar la urgencia manifiesta, el Ejecutivo logra sortear el vacío operativo dejado por la suspensión judicial del modelo anterior, desplazando el costo político de la improvisación hacia la necesidad de garantizar la continuidad del Estado. Esta maniobra permite al Gobierno ganar tiempo para estructurar una licitación definitiva, mientras se desmarca de las fallas de planeación atribuidas a la administración previa. En este escenario, el Gobierno gana estabilidad operativa, mientras que el sector político afín al expresidente Petro pierde capacidad de influencia sobre el modelo de soberanía tecnológica que intentaron implementar. La narrativa se construye mediante una polarización clara: el oficialismo presenta la contratación como una medida técnica de salvamento, mientras la oposición intenta reavivar sospechas sobre la idoneidad del contratista histórico. La disputa trasciende lo administrativo y se convierte en un símbolo de la ruptura entre el modelo de gestión estatal propuesto por el gobierno anterior y el retorno a esquemas de contratación privada con experiencia comprobada.

La Cancillería de Colombia ha formalizado un contrato definitivo por 240.352 millones de pesos con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, conformada por Thomas Greg & Sons y Thales Colombia. Este acuerdo garantiza la continuidad en la producción, personalización y distribución de pasaportes en el país hasta diciembre de 2027, superando la etapa inicial de incertidumbre operativa. La suscripción de este contrato se realizó bajo la figura de urgencia manifiesta, una medida adoptada por el Gobierno para evitar una crisis en la prestación de un servicio público esencial. Esta decisión permite cerrar el ciclo de inestabilidad administrativa que había afectado la expedición de documentos de viaje en meses anteriores. Con la firma de este documento, el Ejecutivo asegura la operatividad del sistema de pasaportes a largo plazo, estabilizando el servicio para los ciudadanos y cumpliendo con los compromisos contractuales necesarios para mantener la infraestructura técnica y logística requerida por la Cancillería.

Análisis político

La estrategia del Gobierno actual refleja un giro hacia el pragmatismo administrativo, priorizando la continuidad del servicio público sobre las tensiones políticas previas con el contratista. Al retomar la relación con Thomas Greg & Sons, el Ejecutivo busca neutralizar el costo político de una posible interrupción en la expedición de pasaportes, la cual habría generado una crisis de gobernabilidad y descontento ciudadano. El uso de la urgencia manifiesta para formalizar este contrato hasta 2027 demuestra la intención del Gobierno de sortear el vacío dejado por la suspensión judicial del modelo anterior. Esta maniobra política permite al Ejecutivo estabilizar la gestión de la Cancillería, alejándose de la confrontación directa y enfocándose en la eficiencia operativa para garantizar la prestación de un servicio esencial hasta el final del periodo administrativo.

La Cancillería de Colombia suscribió un contrato por 240.352 millones de pesos con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, liderada por Thomas Greg & Sons, para la producción y distribución de pasaportes. Esta medida, calificada como una solución temporal, se implementó bajo la figura de urgencia manifiesta tras la suspensión judicial de los convenios previos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El acuerdo tendrá una vigencia hasta el 17 de diciembre de 2027 y busca evitar la interrupción del servicio ante el agotamiento del inventario de libretas. El canciller Omar Bula enfatizó que la contratación garantiza la continuidad del servicio sin modificar las tarifas para los ciudadanos, manteniendo los valores unitarios de vigencias anteriores. La decisión responde a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frenó el modelo estatal impulsado por la administración anterior. El proceso cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos. La administración actual trabaja simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación pública para definir el modelo definitivo de expedición de documentos. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la infraestructura y capacidad técnica de la firma contratada son necesarias para cubrir la demanda mensual estimada entre 160.000 y 170.000 libretas. Este movimiento marca el retorno del operador histórico al proceso de contratación pública tras los litigios y controversias que rodearon el modelo de producción estatal.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la pragmática de la continuidad administrativa frente a la crisis operativa, utilizando la urgencia manifiesta para sortear el vacío dejado por la suspensión judicial del modelo anterior. Al mantener los precios y asegurar el servicio, el Ejecutivo busca neutralizar el costo político de una posible parálisis en la expedición de documentos, distanciándose de la gestión previa que intentó excluir a este contratista mediante un modelo estatal que terminó enredado en cuestionamientos jurídicos y técnicos. El gran perdedor es el modelo de soberanía documental impulsado por el expresidente Gustavo Petro, cuya narrativa de eliminar la dependencia de privados se ve desarticulada por la realidad operativa y las decisiones judiciales. Por otro lado, el expresidente utiliza este evento para reforzar su narrativa de desconfianza hacia Thomas Greg & Sons, vinculando el contrato con supuestas irregularidades electorales pasadas. Esta confrontación narrativa permite al Gobierno actual presentarse como un gestor eficiente y técnico, mientras el sector opositor mantiene viva la sospecha sobre la influencia de este contratista en el Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un contrato por 240.352 millones de pesos con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons, para la producción, personalización y distribución de pasaportes. Este acuerdo tendrá vigencia hasta el 17 de diciembre de 2027 y se formalizó bajo la figura de urgencia manifiesta. La medida busca garantizar la continuidad del servicio tras la suspensión judicial de los convenios previos que involucraban a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal. La decisión responde a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente el modelo de pasaportes impulsado por la administración del expresidente Gustavo Petro. El tribunal señaló deficiencias en la acreditación de soportes fiscales para vigencias futuras, así como dudas sobre la planeación y el cumplimiento de los cronogramas operativos. Ante este escenario, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella optó por retomar la contratación con la empresa que históricamente prestó el servicio. La Cancillería aclaró que el contrato tiene un carácter transitorio y está limitado a lo indispensable para evitar interrupciones en la expedición de documentos. El acuerdo establece precios unitarios fijos sin fórmulas de reajuste, por lo que las tarifas para los ciudadanos se mantendrán sin cambios. El proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y será sometido a control fiscal posterior por parte de la Contraloría General de la República.

Análisis político

La estrategia del gobierno actual se centra en la estabilización administrativa mediante el retorno a un contratista con capacidad instalada, priorizando la continuidad del servicio público sobre la experimentación de nuevos modelos de gestión. Al utilizar la figura de urgencia manifiesta, el Ejecutivo logra sortear el vacío operativo dejado por la suspensión judicial del modelo anterior, trasladando la responsabilidad de la decisión al cumplimiento de una orden judicial y al control fiscal posterior. El gran perdedor político es el modelo de gestión pública impulsado por el expresidente Gustavo Petro, cuya viabilidad técnica y financiera quedó cuestionada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por otro lado, la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons consolidan una posición de control sobre la producción de documentos de viaje, mientras el gobierno construye una narrativa de pragmatismo y eficiencia frente a lo que califica como una gestión anterior improvisada y carente de soportes fiscales sólidos.