La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe las carreras de perros en todo el territorio nacional, obteniendo 80 votos a favor, 41 en contra y siete abstenciones. La iniciativa, que modifica la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable, establece sanciones que incluyen presidio, multas económicas y la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales. El texto también contempla castigos para quienes promuevan o difundan estas actividades, además de mecanismos para el rescate y reubicación de los ejemplares utilizados en las competencias.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una consolidación de la agenda animalista como un eje transversal que logra superar las divisiones tradicionales entre oficialismo y oposición. Al rechazar la propuesta de regulación, el Congreso optó por una postura de tolerancia cero, invalidando el argumento de la 'tradición' y vinculando la práctica con delitos como la ludopatía y el lavado de dinero. Este resultado representa una victoria para las organizaciones de protección animal y los parlamentarios impulsores, mientras que los sectores que defendían la regulación pierden su capacidad de influencia legislativa al quedar su proyecto archivado. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven en la prohibición un avance ético necesario y quienes intentaron, sin éxito, presentar la regulación como una vía para formalizar y controlar la actividad. La narrativa ganadora logra imponer la idea de que la fiscalización estatal es insuficiente para garantizar el bienestar animal en contextos informales, desplazando el debate desde la gestión de la actividad hacia la prohibición absoluta como única medida eficaz contra el maltrato y la explotación.

La Cámara de Diputadas y Diputados definirá este 18 de agosto el futuro de las carreras de perros en Chile, debatiendo dos iniciativas con enfoques contrapuestos. Un proyecto busca prohibir la actividad en todo el territorio nacional mediante una modificación a la Ley de Tenencia Responsable, mientras que una propuesta alternativa plantea establecer un marco regulatorio con controles veterinarios y estándares de seguridad. La discusión se retoma tras intentos legislativos previos, incluyendo un rechazo en 2024, en un contexto de creciente presión social y movilizaciones ciudadanas.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión entre la presión de las bases electorales, que demandan mayor empatía animal, y los intereses de grupos organizados que defienden la actividad como una tradición. Los parlamentarios enfrentan el dilema de posicionarse en un tema que trasciende las coaliciones tradicionales, buscando capitalizar el apoyo de una ciudadanía cada vez más activa en redes sociales y manifestaciones presenciales. La táctica de votar ambos proyectos, denunciada como una 'artimaña', evidencia la dificultad de los legisladores para conciliar posturas extremas sin alienar a ninguno de los dos grupos de interés en juego.

La Cámara de Diputadas y Diputados retomará este martes 18 de agosto el debate legislativo para definir el futuro de las carreras de perros en Chile. La discusión se centra en dos propuestas contrapuestas: una iniciativa que busca la prohibición total de la actividad en todo el territorio nacional y otra que propone establecer un marco regulatorio con estándares de bienestar animal. El proyecto de prohibición, ingresado en 2021, contempla penas de cárcel, multas e inhabilidad perpetua para la tenencia de animales para quienes organicen o promuevan estas competencias. El debate legislativo se reactiva tras intentos fallidos en años anteriores, incluyendo un rechazo en 2024 donde la propuesta de prohibición no alcanzó los votos necesarios. La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general la iniciativa en 2025, contando con el respaldo transversal de parlamentarios de diversas bancadas. Expertos en medicina veterinaria han advertido sobre los riesgos de maltrato, sobreexplotación y abandono que enfrentan los galgos durante su ciclo de vida competitivo, argumentando que la regulación es insuficiente para evitar la crueldad. La tensión social ante la votación se manifestó el pasado domingo 16 de agosto, cuando agrupaciones animalistas se reunieron en el frontis del Congreso Nacional junto a galgos rescatados para exigir la prohibición. Por su parte, los defensores de la actividad, conocidos como galgueros, han organizado movilizaciones masivas para oponerse a la medida. La sesión especial del martes será decisiva para determinar si el Estado opta por erradicar la práctica o si establece condiciones técnicas y veterinarias para su continuidad.

Análisis político

La estrategia política en este debate refleja una pugna entre la creciente sensibilidad pública por el bienestar animal y la defensa de tradiciones o actividades económicas informales. Los legisladores que impulsan la prohibición buscan capitalizar el respaldo de una ciudadanía movilizada, mientras que los defensores de la regulación intentan evitar la criminalización de una práctica que carece de un marco legal específico, apelando a la fiscalización como vía intermedia. Esta polarización obliga a los parlamentarios a posicionarse en un tema de alta visibilidad mediática, donde el costo político de votar en contra de la protección animal es cada vez mayor. En este escenario, los activistas y defensores de la prohibición ganan terreno al instalar el concepto de 'maltrato' como eje central de la narrativa, desplazando cualquier argumento sobre la legitimidad de la actividad. Por el contrario, los sectores que promueven la regulación pierden capacidad de influencia al ser asociados con la defensa de prácticas cuestionadas éticamente. La construcción de narrativas se divide así entre quienes apelan a la ética y la bioética, y quienes intentan normalizar la actividad mediante la tecnificación, dejando al Congreso como el árbitro final de una disputa cultural que trasciende lo puramente legislativo.