Banquetera acusada de estafar a 60 parejas se entrega a la justicia en Viña
Resumen
Natalia Álvarez Murillo, propietaria de Probarte Banquetería SpA, se presentó voluntariamente ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar tras permanecer prófuga desde junio. La imputada enfrenta cargos por estafa reiterada que habrían afectado a 60 parejas, generando un perjuicio económico estimado en 120 millones de pesos. Tras su entrega, el tribunal decretó su ingreso a prisión preventiva, medida que ya había sido ordenada previamente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El caso cobró relevancia pública debido a que la empresa estuvo a cargo de la Gala del Festival de Viña 2025, además de los múltiples testimonios de novios que denunciaron la ausencia de servicios contratados el día de sus matrimonios. Mientras la Fiscalía sostiene la gravedad de los hechos y planea sumar nuevas denuncias a la investigación, la defensa de Álvarez ha cuestionado la resolución judicial y ha intentado deslindar responsabilidades hacia su pareja, José Galarce, quien ya fue condenado en un procedimiento abreviado.
La entrega de la imputada marca un hito en el proceso judicial que ha sido seguido de cerca por las víctimas y las autoridades policiales. El Ministerio Público reafirmó su intención de avanzar en la acusación formal, mientras que la defensa anunció que buscará el sobreseimiento definitivo de la empresaria. La situación cautelar de Álvarez queda ahora firme en el Complejo Penitenciario de Valparaíso mientras se desarrolla la etapa investigativa.
Análisis Político
En el contexto chileno, este caso refleja una estrategia de defensa basada en la transferencia de responsabilidad penal hacia terceros, buscando desvincular a la imputada de la gestión operativa de la empresa. La narrativa construida por la defensa intenta minimizar el dolo al presentar los incumplimientos como problemas contractuales, mientras que la Fiscalía y los querellantes utilizan la figura de la estafa reiterada para mantener la presión punitiva y asegurar la prisión preventiva como medida de resguardo social.
Los grandes perdedores son las 60 parejas afectadas, cuya búsqueda de justicia se ha visto dilatada por la evasión de la imputada y la complejidad de los procedimientos judiciales. Por otro lado, la Fiscalía gana legitimidad al lograr la captura de una figura que se encontraba prófuga, reforzando su rol en la persecución de delitos económicos que impactan directamente en la confianza de los consumidores y en la fe pública.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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