Asesinato de niña en Polonuevo tras ataque extorsivo genera indignación y medidas de seguridadActualizado · hace 17 días
Resumen
Una niña de dos años, identificada como Celeste Osorio, falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado contra una panadería en el municipio de Polonuevo, Atlántico. El agresor, quien se movilizaba en motocicleta, disparó a través de una ventana del establecimiento comercial mientras la menor se encontraba con sus familiares. Las autoridades locales confirmaron que el negocio era objeto de amenazas extorsivas previas, las cuales habían sido denunciadas ante el Gaula de la Policía.
La madre de la víctima, Aliana Duque, denunció que la familia venía siendo presionada por delincuentes que exigían dinero o armas, y cuestionó la actuación de las autoridades al señalar que su esposo permanece detenido injustamente tras un allanamiento. Por su parte, el alcalde Óscar Avilez calificó la situación de seguridad como crítica, denunciando que el municipio solo cuenta con un cuadrante policial para más de 21.000 habitantes. El mandatario solicitó apoyo urgente al Gobierno Nacional y al presidente electo para frenar el incremento de la violencia, que ha triplicado las cifras de homicidios respecto al año anterior.
Como respuesta inmediata al crimen, la administración municipal convocó un consejo extraordinario de seguridad y estableció medidas restrictivas como el toque de queda y la prohibición del parrillero en motocicletas. La Gobernación del Atlántico ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. Mientras tanto, las unidades de inteligencia y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles del ataque.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de presión por parte de estructuras criminales que utilizan la extorsión como mecanismo de control territorial, desafiando la presencia de la fuerza pública incluso en establecimientos bajo vigilancia. La narrativa del alcalde se centra en la insuficiencia de recursos estatales, utilizando la tragedia para visibilizar la precariedad operativa del municipio y presionar al gobierno central por una mayor intervención, mientras que la familia de la víctima construye una narrativa de desconfianza hacia las instituciones, denunciando presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales previos.
En este escenario, el gobierno local pierde legitimidad ante la incapacidad de garantizar la seguridad básica, mientras que los grupos criminales ganan terreno al imponer miedo y zozobra. La construcción de narrativas divergentes entre la administración, que busca apoyo institucional, y la ciudadanía, que se siente desprotegida y señalada por las autoridades, profundiza la crisis de confianza en el Estado, dejando a la población civil en medio de una disputa por el control y la legitimidad en el territorio.
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