El gobierno de Abelardo De la Espriella radicó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca cerrar el déficit fiscal mediante una combinación de recortes en el gasto público y una reforma tributaria. El proyecto propone reducir en un 50% los contratos de prestación de servicios, limitar gastos operativos estatales y fusionar entidades públicas. Estas medidas de austeridad pretenden convertir el actual déficit del 3,7% del PIB en un superávit para el año 2029. La propuesta tributaria ha generado controversia al plantear la ampliación de la base del IVA, eliminando tarifas diferenciales y gravando productos de la canasta básica como café, azúcar y pastas, además de servicios culturales y deportivos. Para mitigar el impacto en los sectores vulnerables, el Gobierno incluyó el programa 'EfectIVA', diseñado para devolver el impuesto a cerca de 19 millones de personas de menores ingresos. Adicionalmente, se contempla una reducción gradual en la tarifa de renta para empresas y un aumento en la base gravable para personas naturales. La iniciativa enfrenta un camino legislativo complejo debido a las críticas de diversos sectores políticos, incluyendo aliados del oficialismo que rechazan el aumento de impuestos. El senador Iván Cepeda ha advertido sobre posibles movilizaciones sociales y paros nacionales si el Ejecutivo persiste en la medida. Mientras el Gobierno defiende la necesidad técnica del ajuste para evitar una crisis de deuda, la oposición cuestiona la equidad de las cargas y el impacto directo en la clase media y los hogares de bajos recursos.

Análisis político

El Gobierno de De la Espriella emplea una estrategia de 'ajuste estructural' que busca capitalizar el respaldo político a la austeridad estatal para intentar blindar sus medidas tributarias más impopulares. Al presentar la reforma como un paquete integral de rescate, el Ejecutivo intenta trasladar la responsabilidad del déficit a la administración anterior, construyendo una narrativa de 'responsabilidad fiscal' frente a la 'irresponsabilidad' del pasado. Sin embargo, la fragmentación de sus aliados en el Congreso demuestra que el costo político de gravar la canasta familiar supera, en muchos casos, la voluntad de apoyar el recorte del gasto. En este escenario, el Gobierno gana si logra imponer su agenda técnica, pero pierde capital político inmediato al enfrentar una oposición que utiliza la amenaza de la movilización social para capitalizar el descontento ciudadano. La narrativa del Gobierno se centra en la tecnocracia y la protección social mediante devoluciones, mientras que la oposición construye un relato de 'regresividad' y defensa de las clases populares. Esta polarización convierte la discusión en una prueba de fuego para la cohesión de la coalición oficialista y la capacidad de negociación del Ejecutivo en un Congreso que se muestra reticente ante el impacto electoral de la reforma.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso la denominada Ley de Rescate Económico, un proyecto que busca un ajuste fiscal de entre 40 y 45 billones de pesos para 2027. La iniciativa propone una reducción del gasto estatal, incluyendo recortes en contratos de prestación de servicios y facultades extraordinarias para fusionar entidades públicas. El Ejecutivo argumenta que estas medidas son indispensables para evitar un posible default financiero y corregir el endeudamiento heredado de la administración anterior. El componente tributario del proyecto ha generado una fuerte controversia al plantear la eliminación de la exención del IVA para compras internacionales inferiores a 200 dólares en plataformas como Temu, Shein y Amazon. Asimismo, se propone gravar con la tarifa general del 19% productos que actualmente tienen tarifas reducidas o están excluidos, tales como el café, azúcar, pastas y ciertos insumos agrícolas. El Gobierno sostiene que, para mitigar el impacto en los sectores vulnerables, se implementará el programa 'EfectIVA', que contempla la devolución total o parcial del impuesto a cerca de 35,5 millones de personas de menores ingresos. La propuesta ha provocado reacciones divididas tanto en el Legislativo como en la opinión pública. Mientras sectores de oposición advierten sobre posibles movilizaciones sociales y critican que la carga tributaria recaiga sobre los ciudadanos, algunos aliados del Gobierno han expresado reparos frente a los nuevos impuestos, a pesar de respaldar las medidas de austeridad. El debate legislativo se desarrollará bajo un cronograma ajustado, con el objetivo de que la ley sea aprobada antes de finalizar el año 2026.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se basa en una narrativa de 'rescate' frente a una crisis fiscal heredada, utilizando la austeridad estatal como eje legitimador para intentar blindar el proyecto. Sin embargo, la construcción de la narrativa opositora, liderada por figuras como Iván Cepeda, busca capitalizar el descontento social al contrastar los beneficios tributarios para las empresas con el aumento de cargas para la clase media y los sectores populares, evocando el antecedente de las protestas de 2021. En este escenario, el Gobierno asume un riesgo alto al comprometer su capital político en una reforma que, aunque necesaria técnicamente según el Ejecutivo, enfrenta una fractura en su propia coalición. Ganan los sectores que abogan por la disciplina fiscal y la reducción del tamaño del Estado, mientras que pierden los consumidores y asalariados que verán reducida su capacidad adquisitiva. La construcción de narrativas distintas es evidente: el Gobierno presenta la reforma como un ejercicio de responsabilidad técnica, mientras que sus críticos la califican como una medida regresiva que castiga a los ciudadanos para favorecer al sector empresarial.