La Armada de Chile desplegó un operativo de vigilancia marítima y aérea tras detectar una flota de 70 embarcaciones pesqueras extranjeras, principalmente de origen chino, en las proximidades de Rapa Nui. La operación, denominada de Fiscalización Pesquera Oceánica, incluyó el uso del avión P-3 Orión, la fragata Almirante Cochrane y el remolcador Galvarino para monitorear las actividades extractivas. Las autoridades navales confirmaron que, aunque las naves operan fuera de la Zona Económica Exclusiva chilena, se encuentran en un área bajo responsabilidad de vigilancia nacional. El capitán de fragata Eduardo de la Cerda detalló que el objetivo principal es verificar el cumplimiento de tratados internacionales y salvaguardar especies altamente migratorias como el pez espada, el atún y el calamar gigante. Durante el procedimiento, se realizó contacto radial con las naves, las cuales raramente responden a los llamados de la institución. La Armada registró matrículas y datos técnicos de 21 de estas embarcaciones, incluyendo un buque factoría, para asegurar que no infrinjan las normativas vigentes. El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, enfatizó que Chile mantiene un control permanente sobre estas flotas internacionales que operan en alta mar. La autoridad aclaró que, si bien algunas naves cuentan con permisos para ingresar a puertos chilenos para cambios de tripulación o abastecimiento, tienen prohibido operar dentro de las aguas bajo jurisdicción nacional. Hasta el momento, no se ha detectado ninguna incursión ilegal de estos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva de Chile.

Análisis político

La estrategia política chilena se centra en proyectar soberanía y capacidad de control sobre sus vastos espacios marítimos, utilizando la fiscalización como una herramienta de disuasión frente a potencias extranjeras. Al mantener una presencia constante mediante patrullajes, el Estado busca legitimar su rol como garante de los tratados internacionales de conservación, evitando que la explotación de recursos en alta mar se convierta en una amenaza directa a la seguridad alimentaria y económica del país. En este escenario, el Gobierno y la Armada ganan legitimidad interna al demostrar una postura firme y técnica ante la presencia de flotas internacionales, mientras que las empresas pesqueras extranjeras operan en una zona gris de legalidad internacional. La narrativa oficial se construye desde la responsabilidad y el cumplimiento del derecho internacional, diferenciándose de una postura de confrontación directa, lo que permite al Estado chileno mantener canales diplomáticos abiertos mientras asegura la integridad de sus fronteras marítimas.