Un despliegue policial coordinado entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó a cabo a nivel nacional entre el 24 y el 31 de octubre. El operativo tuvo como ejes principales el control de motocicletas, la fiscalización migratoria y la prevención de delitos como los robos violentos cometidos por motochorros. Las autoridades informaron la detención de 189 personas, la incautación de 14 armas de fuego y el retiro de 2.198 motocicletas por diversas infracciones a la normativa de tránsito. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que la mitad de los conductores de las motocicletas retiradas son ciudadanos extranjeros, subrayando la importancia de hacer cumplir la ley en el país. En el ámbito migratorio, la PDI fiscalizó a 1.305 extranjeros, detectando a 192 personas en situación irregular, de las cuales 105 ingresaron por pasos no habilitados. Además, se notificaron 15 órdenes de expulsión, concretándose dos de ellas de forma inmediata al no existir recursos legales pendientes. La relevancia de este operativo radica en la respuesta estatal ante el aumento de delitos asociados al uso de motocicletas y la percepción de desorden en la vía pública. Las autoridades anunciaron que estas fiscalizaciones continuarán de manera permanente en distintas regiones. Asimismo, el Ejecutivo planteó la necesidad de impulsar reformas legales que faciliten el retiro definitivo de vehículos que incumplan reiteradamente las normas de tránsito.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la recuperación del orden público mediante la visibilización de resultados cuantitativos, vinculando directamente la fiscalización de tránsito con el control migratorio. Al enfatizar que una parte significativa de los infractores son extranjeros, el Gobierno busca alinear su gestión con una demanda ciudadana por mayor seguridad y cumplimiento estricto de la ley, utilizando el operativo como una herramienta de comunicación política para demostrar control territorial. El Gobierno y las fuerzas policiales ganan legitimidad al mostrar una acción coordinada y efectiva, mientras que los infractores y aquellos en situación migratoria irregular son los principales afectados por la medida. La narrativa se construye bajo la premisa de que el cumplimiento de la ley es una condición innegociable para la convivencia, diferenciándose de periodos anteriores donde, según el Ejecutivo, se habría normalizado la falta de fiscalización y el incumplimiento normativo.