La exfiscal Viviane Morales fue designada como nueva consejera comisionada de Paz por el presidente Abelardo de la Espriella, marcando su retorno al Ejecutivo tras su breve paso por el Ministerio de Educación. En este nuevo rol, Morales asumirá también la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz con el objetivo central de evaluar la ejecución de recursos y revisar los compromisos derivados de los procesos de paz anteriores. La funcionaria tendrá la tarea de identificar fallas institucionales y proponer reformas bajo el marco legal vigente. El Gobierno ha definido esta gestión como el desmonte de la denominada falsa paz, una política que busca terminar con lo que el Ejecutivo considera un uso del discurso de paz para otorgar impunidad y privilegios políticos. Esta decisión se alinea con el cierre previo de diversos procesos de negociación con grupos armados, como el ELN y otras organizaciones criminales, que fueron pilares de la administración anterior. La Presidencia enfatizó que la nueva estrategia priorizará la seguridad, la justicia y la reparación efectiva a las víctimas sobre los diálogos previos. La designación de Morales ocurre en un momento de reconfiguración del gabinete, coincidiendo con otros nombramientos como el de Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior. Mientras el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para corregir el rumbo institucional y optimizar el gasto público, diversos sectores de víctimas y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por la posible desarticulación de programas territoriales. La incertidumbre persiste sobre el futuro de la oficina de paz y el destino de los contratistas vinculados a la anterior política de paz total.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno de De la Espriella se centra en la deslegitimación sistemática de la administración anterior mediante la auditoría y el desmonte de sus estructuras burocráticas. Al nombrar a una figura con el perfil de Viviane Morales, el Ejecutivo busca dotar de un carácter técnico y jurídico a su ofensiva contra la paz total, transformando una decisión política en una revisión de cumplimiento de ley y transparencia fiscal. Esta narrativa permite al Gobierno consolidar su base electoral al cumplir promesas de campaña enfocadas en la mano dura y la austeridad, mientras desplaza la responsabilidad de los fallos en seguridad hacia la gestión previa. En este escenario, el Gobierno gana control sobre la narrativa de la paz, posicionándose como el garante de la legalidad frente a lo que denomina una paz impune, lo que le permite justificar recortes presupuestales y cambios institucionales profundos. Por el contrario, pierden los sectores sociales y las organizaciones que dependían de los diálogos y la arquitectura institucional de la paz total, quienes ven reducida su capacidad de interlocución con el Estado. La construcción de esta narrativa polarizante refuerza la división entre la visión de seguridad del actual mandato y los esfuerzos de negociación previos, dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad ante la incertidumbre de los nuevos mecanismos de reparación.

El presidente Abelardo de la Espriella designó a Viviane Morales como nueva Consejera Comisionada de Paz, apenas dos meses después de su salida del Ministerio de Educación. La funcionaria asumirá también la dirección encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una estructura que el Ejecutivo había contemplado eliminar inicialmente. Este nombramiento marca un giro en la estrategia gubernamental, que ahora opta por mantener la institucionalidad existente para ejercer una auditoría técnica sobre los procesos de paz vigentes. La misión principal de Morales será realizar una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, verificando el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Gobierno ha definido esta labor como el desmonte de la denominada falsa paz, argumentando que el discurso de paz ha sido utilizado para otorgar impunidad y privilegios políticos. La funcionaria deberá identificar fallas institucionales y proponer reformas que, según el Ejecutivo, garanticen la justicia, la seguridad y la reparación efectiva de las víctimas. Esta decisión se produce tras la finalización de varios procesos de negociación con grupos armados, como el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia, durante el mes de septiembre. Mientras el Gobierno sostiene que su política se orientará al cumplimiento estricto de la ley y la autoridad institucional, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto que este desmonte institucional pueda tener en los programas territoriales. La gestión de Morales será determinante para definir el alcance de los cambios normativos y la continuidad de las políticas de paz heredadas de administraciones anteriores.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella consiste en utilizar la figura de una funcionaria con trayectoria, como Viviane Morales, para dotar de legitimidad técnica a un proceso de desmantelamiento institucional. Al mantener la estructura de la Consejería de Paz en lugar de eliminarla, el Ejecutivo transforma un espacio de negociación en una oficina de auditoría y control, permitiéndole ejercer una presión política directa sobre los acuerdos previos sin romper formalmente con los compromisos internacionales del Estado. El Gobierno gana capacidad de maniobra para reconfigurar la política de paz bajo una narrativa de eficiencia y lucha contra la impunidad, mientras que los sectores defensores de los acuerdos de 2016 pierden influencia en la ejecución de los programas territoriales. La construcción narrativa se divide entre la administración, que etiqueta los procesos anteriores como una falsa paz, y los críticos, que ven en este nombramiento un riesgo para la estabilidad de la reincorporación y la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto.

El presidente Abelardo De la Espriella designó a Viviane Morales Hoyos como nueva consejera comisionada de Paz, cargo que asume tras su breve paso por el Ministerio de Educación. La funcionaria también dirigirá, en calidad de encargada, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Este nombramiento se oficializó mediante un comunicado de la Presidencia el 22 de octubre de 2026. La misión principal de Morales será liderar una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos de paz vigentes y evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Gobierno le encomendó verificar la destinación de los recursos públicos e identificar fallas institucionales que, a juicio del Ejecutivo, han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad. La administración busca con esta medida examinar los resultados de lo que denomina la “falsa paz”. Esta decisión se enmarca en un cambio de enfoque del Gobierno frente a la política de paz, tras haber finalizado en septiembre diversos procesos de negociación con grupos armados como el ELN y el EGC. El Ejecutivo sostiene que el discurso de paz ha sido utilizado como instrumento de impunidad y privilegios políticos. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el posible riesgo que este desmonte institucional representa para la continuidad de los programas territoriales.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la deslegitimación de los procesos de paz de administraciones anteriores mediante la narrativa de la “falsa paz”. Al designar a una figura con trayectoria como Viviane Morales, el Ejecutivo busca dotar de un perfil técnico y jurídico a la revisión institucional, intentando transformar el discurso de campaña en una política de Estado orientada a la austeridad y la reconfiguración de la seguridad. Esta maniobra permite al presidente De la Espriella centralizar el control sobre la implementación de los acuerdos y desmantelar estructuras burocráticas que considera innecesarias. El Gobierno gana capacidad de maniobra para reorientar el gasto público y ajustar la política de paz bajo sus propios términos, mientras que los sectores defensores de los acuerdos de 2016 pierden influencia institucional y capacidad de interlocución. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la “paz real” basada en la autoridad y la “falsa paz” asociada a la impunidad, lo que le permite justificar recortes presupuestales y el cierre de espacios de diálogo. La oposición y las organizaciones sociales quedan en una posición defensiva, obligadas a demostrar la eficacia de los mecanismos actuales frente a una revisión que parte de una premisa crítica y restrictiva.

El presidente Abelardo De la Espriella nombró a Viviane Morales Hoyos como nueva consejera comisionada de Paz, cargo que asume tras su breve paso por el Ministerio de Educación. La funcionaria también liderará, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Este nombramiento se produce en un momento de reconfiguración de la política de seguridad del Ejecutivo, que ha finalizado diversos procesos de negociación con grupos armados como el ELN y el EGC. La misión principal de Morales será realizar una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos de paz, evaluando el cumplimiento de los compromisos y la destinación de los recursos públicos. El Gobierno ha definido esta labor como el desmonte de la denominada "falsa paz", argumentando que el discurso de paz ha sido utilizado como un instrumento de impunidad y privilegios políticos. La nueva comisionada deberá identificar fallas institucionales que, según la administración, han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad nacional. La designación ha generado diversas reacciones, pues mientras sectores afines al Gobierno respaldan la revisión institucional, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos expresan preocupación por la continuidad de los programas territoriales. El Ejecutivo sostiene que su enfoque priorizará la autoridad institucional y el cumplimiento de la ley sobre las concesiones previas. Morales regresa al gabinete con comunicación directa con el jefe de Estado para ejecutar estos cambios estructurales.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la deslegitimación de los procesos de paz de administraciones anteriores mediante la narrativa de la "falsa paz". Al designar a una figura con trayectoria como Viviane Morales, el Ejecutivo busca dotar de peso institucional a su intención de desmantelar estructuras burocráticas y revisar el uso de recursos públicos, transformando la Consejería de Paz en un ente de auditoría y control más que de negociación. El Gobierno gana al consolidar un discurso de "mano dura" y orden que satisface a su base electoral, mientras que los sectores que apoyaron los acuerdos de paz pierden capacidad de interlocución y ven en riesgo la estabilidad de los compromisos pactados. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara: el Ejecutivo se presenta como el garante de la justicia y la seguridad real, frente a un pasado que califican como un sistema de impunidad y privilegios políticos.