El activista y creador de contenido Levy Rincón informó inicialmente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había retirado su esquema de seguridad, compuesto por dos escoltas y una camioneta. Rincón denunció que la medida fue producto de un estudio de riesgo realizado de manera exprés bajo la dirección de Didier Blanco. El influenciador cuestionó la decisión argumentando que evaluaciones previas, realizadas apenas dos meses atrás, confirmaban un nivel de riesgo extraordinario debido a amenazas y atentados en su contra. La situación generó una confrontación pública donde Rincón responsabilizó directamente a funcionarios del actual gobierno, incluyendo al director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera, y al presidente Abelardo de la Espriella. El activista vinculó estas acciones con una supuesta persecución política derivada de sus denuncias pasadas sobre interceptaciones ilegales. Este caso se enmarca en una revisión general de los esquemas de protección asignados durante la administración anterior, proceso que también ha afectado a otros activistas y exfuncionarios. La controversia tuvo un giro inesperado cuando el propio Rincón notificó, a través de sus redes sociales, que la UNP le envió un correo ratificando su esquema de seguridad. Según el activista, la entidad mantuvo la protección basándose en el estudio de riesgo realizado en el mes de julio. La UNP continúa con la revisión de otros esquemas de seguridad para determinar cuáles cumplen con los criterios técnicos necesarios para su permanencia.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa por parte del activista, quien utiliza la denuncia pública y el señalamiento de funcionarios para politizar un trámite administrativo de seguridad. Al enmarcar la revisión de su esquema como una persecución personal y política, Rincón busca movilizar a su audiencia digital y elevar el costo reputacional de las decisiones tomadas por la nueva administración de la UNP. En este evento, el gobierno gana al demostrar capacidad de revisión sobre los recursos públicos, pero pierde al generar una narrativa de revanchismo que alimenta la polarización. Mientras el Estado construye una narrativa de austeridad y depuración técnica de los esquemas de protección, los actores afectados construyen una narrativa de victimización y persecución ideológica, lo que profundiza la desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó al creador de contenido y activista Levy Rincón la suspensión de su esquema de seguridad, el cual consistía en dos escoltas y una camioneta convencional. Rincón denunció que la medida fue producto de un estudio de riesgo calificado por él como "exprés", ordenado por el director de la entidad, Didier Blanco. El activista sostiene que, a pesar de esta nueva evaluación, su situación sigue siendo de riesgo extraordinario debido a antecedentes de amenazas y atentados en Bogotá y Cali.

Análisis político

La estrategia del Gobierno actual se centra en una revisión exhaustiva de los esquemas de protección asignados durante la administración anterior, bajo el argumento de optimizar recursos y verificar la pertinencia de las medidas. Este proceso permite al Ejecutivo marcar una ruptura con la gestión previa, mientras que figuras opositoras como Rincón utilizan la narrativa de la persecución política para denunciar un supuesto uso de las instituciones contra críticos del presidente Abelardo de la Espriella. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que cuestionaban los costos y criterios de asignación de seguridad, mientras que los afectados pierden protección física y visibilidad institucional. La construcción de narrativas es divergente: mientras la UNP se ampara en criterios técnicos y evaluaciones de riesgo, los activistas afectados presentan la decisión como una retaliación ideológica y un riesgo directo contra su integridad personal.