La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar documentación sobre los contratos de Deicy Jiménez. Esta diligencia busca verificar las condiciones de vinculación laboral de la denunciante, quien sostiene haber recibido ofrecimientos de beneficios contractuales a cambio de favores sexuales por parte del expresidente Gustavo Petro. El magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado lidera la recolección de expedientes para contrastar la información con los testimonios entregados ante las autoridades. Paralelamente, Deicy Jiménez entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para una extracción forense de datos. El dispositivo será analizado en busca de chats, videos, fotografías y geolocalización que sirvan como material probatorio en la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y contratación indebida. La defensa de la denunciante ha reportado seguimientos y riesgos de seguridad, mientras que la Fiscalía ha citado a declarar a funcionarios actuales como el director del DAPRE, Carlos Ríos. El caso ha generado una fuerte reacción política, con congresistas de Salvación Nacional radicando una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los denunciantes solicitan investigar posibles delitos de concusión, cohecho y una eventual indignidad por mala conducta del exmandatario. Por su parte, la defensa de Gustavo Petro ha calificado las acusaciones como un montaje, insistiendo en que el video difundido carece de contexto, fecha y veracidad técnica, por lo que debe ser sometido a peritajes oficiales.

Análisis político

La estrategia política de la oposición se centra en la judicialización del caso para desgastar la figura del expresidente, utilizando la Comisión de Acusación como escenario para presionar por un juicio político por indignidad. Al vincular la vida privada con el uso de recursos públicos, los sectores críticos buscan deslegitimar el discurso progresista del exmandatario, presentándolo como un actor que instrumentalizó el poder estatal para beneficios personales. Esta narrativa busca convertir un escándalo de índole personal en un debate sobre la ética pública y la corrupción administrativa. En este escenario, el expresidente y su defensa intentan ganar tiempo y legitimidad mediante la descalificación técnica de las pruebas, argumentando que el material audiovisual es un montaje sin validez probatoria. Quien pierde terreno es la estabilidad institucional, al verse inmersa en una disputa que mezcla denuncias de violencia de género con presuntas irregularidades en la contratación estatal. La resolución del caso dependerá de la capacidad de las autoridades judiciales para separar la veracidad de las pruebas digitales de la carga política que rodea las acusaciones.