La Unidad Nacional de Protección (UNP) oficializó el retiro de los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral tras concluir que no cumplían con los criterios técnicos de riesgo y vulnerabilidad. La entidad determinó que el mantenimiento de estos dispositivos, que incluían escoltas y vehículos blindados, representaba un gasto mensual aproximado de 40 millones de pesos para el erario público. La decisión se fundamentó en evaluaciones técnicas que cuestionaron la pertinencia de las medidas otorgadas durante la administración anterior. El expresidente Gustavo Petro rechazó la medida, calificándola como una exposición al peligro para los militantes de su sector político, y anunció acciones legales contra las directivas de la entidad. Por su parte, Beto Coral comunicó que no interpondrá recursos de apelación y agradeció la protección recibida, mientras que Juliana Guerrero desmintió el retiro definitivo, asegurando que su caso permanece bajo estudio técnico. Gabriela Muñoz, quien también enfrenta cuestionamientos por presunta injerencia en la Aeronáutica Civil, mantiene su postura frente a las amenazas denunciadas previamente ante la Fiscalía. La controversia se extiende al ámbito judicial y político, dado que los implicados enfrentan investigaciones por diversos hechos. Juliana Guerrero es procesada por la presunta falsificación de títulos académicos y posibles irregularidades en la contratación estatal, mientras que el esquema de Beto Coral fue cuestionado por sindicatos debido a su asignación inmediata tras su deportación de Estados Unidos. Los afectados disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar recursos de revisión ante la entidad.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la depuración de los recursos públicos asignados durante la administración anterior, buscando desmantelar lo que sectores de oposición califican como un uso abusivo de la protección estatal para favorecer a aliados políticos. El Gobierno actual gana legitimidad ante sus críticos al reducir el gasto público y aplicar criterios técnicos, mientras que el petrismo pierde una herramienta de protección y visibilidad, intentando contrarrestar la narrativa de 'abuso' con una defensa basada en la victimización y la persecución política. La construcción de narrativas es divergente: mientras la UNP y sectores críticos como el senador Hernán Cadavid presentan el retiro como un acto de justicia administrativa y corrección de irregularidades, el expresidente Petro y los afectados lo enmarcan como una represalia ideológica que pone en riesgo la integridad física de figuras cercanas a su movimiento. Esta polarización permite que cada bando refuerce su base electoral, utilizando el caso como un símbolo de la gestión de los recursos del Estado y la legitimidad de las medidas de seguridad.