UNP ordena retirar esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Beto Coral
Resumen
La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y el activista Beto Coral, medidas que habían sido otorgadas durante la administración del expresidente Gustavo Petro. La entidad busca revisar la pertinencia de estas protecciones, priorizando casos de riesgo extraordinario real y eliminando aquellas que carezcan de sustento técnico o respondan a criterios políticos. Los esquemas, que representaban un costo mensual cercano a los 40 millones de pesos, han sido objeto de escrutinio público por su vinculación con figuras cercanas al anterior gobierno.
Juliana Guerrero desmintió inicialmente la notificación oficial del retiro, argumentando que su caso se encuentra actualmente bajo un nuevo estudio de seguridad debido a las amenazas que asegura seguir recibiendo. Por su parte, la UNP ha establecido que tanto Guerrero como Coral cuentan con un plazo de diez días para presentar un recurso de revisión y apelar la determinación. Esta posibilidad de impugnación permite a los afectados intentar controvertir la decisión antes de que quede en firme ante la nueva cúpula de la entidad.
El evento ha generado reacciones políticas inmediatas, destacando la postura del senador Hernán Cadavid, quien celebró la medida como una validación de sus denuncias previas sobre el uso presuntamente abusivo de recursos públicos. Guerrero, además, enfrenta procesos judiciales por la presunta presentación de títulos falsos para acceder a cargos públicos y otras denuncias por irregularidades en contratos estatales. La situación pone de relieve la tensión entre la gestión de seguridad institucional y las acusaciones de clientelismo político durante el periodo presidencial anterior.
Análisis Político
La estrategia política observada consiste en una depuración institucional de los beneficios otorgados por la administración saliente, buscando desmantelar lo que la oposición ha calificado como un uso clientelista de la protección estatal. Al retirar estos esquemas, el actual gobierno busca recuperar legitimidad técnica en la UNP, mientras que los afectados intentan mantener una narrativa de persecución política y riesgo personal para justificar la continuidad de sus medidas de seguridad.
En este escenario, el gobierno actual y sectores de oposición como el senador Cadavid ganan capital político al capitalizar el descontento ciudadano frente al gasto público en figuras cuestionadas. Por el contrario, los beneficiarios pierden influencia y protección, quedando expuestos a un mayor escrutinio judicial y mediático. La construcción de narrativas es divergente: mientras la UNP se enfoca en la eficiencia técnica y la revisión de riesgos, los afectados apelan a la victimización y a la existencia de amenazas para contrarrestar las acusaciones de irregularidades en su gestión pasada.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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