La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela que imponía condiciones especiales a las operaciones aéreas de las Fuerzas Militares en zonas con presencia de menores reclutados. La decisión dejó sin efectos la medida provisional dictada en septiembre por el Juzgado 34 de Familia, la cual exigía un estándar reforzado de precaución y la búsqueda de alternativas menos lesivas. El Tribunal declaró improcedente la acción judicial al considerar que no se identificaron personas determinadas ni operaciones concretas que demostraran una amenaza inminente. El Gobierno Nacional celebró la providencia, argumentando que esta permite a las Fuerzas Militares retomar sus capacidades operacionales bajo el marco constitucional y el Derecho Internacional Humanitario. La Presidencia enfatizó que la responsabilidad por el reclutamiento forzado recae exclusivamente en los grupos armados ilegales y reiteró que la protección de los menores sigue siendo una prioridad institucional. El fallo también recordó que el plazo legal para implementar el Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento se extiende hasta julio de 2027. La controversia surgió tras la muerte de varios menores en operaciones militares durante los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella, incluyendo casos en el Guaviare y el Catatumbo. Mientras el accionante y sectores críticos buscaban mecanismos concretos para evitar bajas de menores, el Tribunal señaló que las pretensiones de carácter colectivo deben tramitarse por vías judiciales distintas a la tutela. El expediente será enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, manteniendo vigente el debate sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en defender la autonomía operativa de las Fuerzas Militares, argumentando que las restricciones judiciales limitaban la capacidad del Estado para combatir a los grupos armados ilegales. Al lograr la revocatoria, el Ejecutivo refuerza una narrativa de seguridad nacional donde la responsabilidad del daño colateral se traslada a los grupos armados que utilizan a menores como escudos humanos, evitando así la carga política de una parálisis operativa. El gran ganador es el Gobierno, que recupera margen de maniobra táctica sin las ataduras de un estándar de precaución reforzado que consideraba inviable. Por el contrario, pierden los sectores defensores de derechos humanos y las víctimas, quienes ven cómo se cierra una vía judicial inmediata para limitar los bombardeos. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Estado apela a la legalidad y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, los críticos enfatizan la vulnerabilidad de los menores y la falta de garantías de protección efectiva en el terreno.