El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la vigencia de la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, en el marco del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión judicial se produjo tras revisar los cuestionamientos de la defensa sobre la medida impuesta inicialmente en junio. El exfuncionario, quien enfrenta cargos por cohecho, peculado y lavado de activos, participó de manera virtual en la audiencia desde Nicaragua, país donde reside bajo la figura de asilo político. La Sala Penal aclaró que, aunque la orden de captura se mantiene activa, no corresponde emitir una nueva prórroga sobre la medida de aseguramiento carcelaria. El magistrado ponente argumentó que dicha medida aún no ha comenzado a ejecutarse debido a que el procesado no ha sido detenido físicamente. Por lo tanto, el tribunal determinó que el reloj legal para el vencimiento de la privación de la libertad no ha empezado a correr mientras González permanezca fuera del alcance de las autoridades colombianas. El caso contra González se fundamenta en testimonios que lo señalan de instruir la entrega de 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Estos recursos, presuntamente desviados de contratos de la UNGRD, habrían buscado asegurar respaldo legislativo para reformas gubernamentales. La situación ha derivado en investigaciones adicionales contra funcionarios de la Cancillería y la Fiscalía por presuntas irregularidades en la gestión de su salida del país y el proceso judicial.

Análisis político

La estrategia de la defensa se ha centrado en cuestionar la legalidad de las prórrogas judiciales, intentando desvirtuar la necesidad de las medidas restrictivas bajo el argumento de que, al estar asilado, no existe una privación efectiva de la libertad. Por su parte, el Tribunal utiliza una narrativa técnica que separa la vigencia de la orden de captura de la ejecución de la medida de aseguramiento, buscando mantener la presión judicial sobre el exfuncionario sin incurrir en errores procedimentales que puedan ser explotados por la defensa en instancias superiores. En este escenario, el sistema judicial colombiano busca reafirmar su autoridad y legitimidad frente a un caso de alta visibilidad política, mientras que el procesado gana tiempo al mantener su estatus de asilado en Nicaragua. El Gobierno pierde capital político al ver a un exfuncionario de alto nivel vinculado a un escándalo de corrupción de gran escala, mientras que la oposición utiliza la situación para cuestionar la integridad de la administración y la eficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción.