Diversas acciones judiciales y administrativas buscaron impedir la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, centradas en su presunta doble nacionalidad y el uso de símbolos patrios en su campaña. El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó una solicitud de revocatoria de inscripción, argumentando que la doble nacionalidad no genera inhabilidad para colombianos de nacimiento y que los argumentos sobre lealtad a otro Estado carecían de pruebas suficientes. Paralelamente, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó tutelas que solicitaban retirar material de campaña por el uso de símbolos patrios, indicando que el CNE es la autoridad competente para investigar tales asuntos y que no se acreditó una vulneración actual de derechos fundamentales. La controversia sobre la doble nacionalidad se basaba en la preocupación de que un juramento de fidelidad a otro Estado fuera incompatible con el deber de defender la soberanía colombiana. Sin embargo, tanto el CNE como el Tribunal Superior de Bogotá coincidieron en que no existían pruebas plenas para revocar la inscripción o suspender la campaña. La Corte Suprema de Justicia también intervino para suspender restricciones previas sobre el uso de símbolos patrios, calificándolas de desproporcionadas. Estas decisiones judiciales y administrativas mantienen la candidatura de Abelardo de la Espriella vigente de cara a la segunda vuelta presidencial. Los argumentos presentados en contra de su inscripción y campaña no prosperaron ante las instancias judiciales y electorales, que priorizaron el debido proceso y la falta de pruebas contundentes para limitar los derechos políticos del candidato.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa legal y administrativa por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella para sortear cuestionamientos sobre su elegibilidad y propaganda. La campaña se apoya en la argumentación de que la doble nacionalidad no es una inhabilidad per se y que el uso de símbolos patrios es legítimo mientras no se demuestre una vulneración de derechos. Los actores que buscan limitar su candidatura emplean recursos judiciales como tutelas y solicitudes de revocatoria, argumentando incompatibilidades constitucionales y uso indebido de símbolos. Con estas decisiones, Abelardo de la Espriella y su movimiento político "Defensores de la Patria" se benefician al mantener su candidatura activa y su material de campaña sin restricciones inmediatas. Quienes promovieron las acciones judiciales, incluyendo ciudadanos y posiblemente opositores políticos, pierden terreno al no lograr inhabilitar al candidato o censurar su propaganda. Las narrativas construidas son distintas: por un lado, se defiende la legalidad y legitimidad de la candidatura y la campaña; por otro, se cuestiona la compatibilidad de la doble nacionalidad y el uso de símbolos patrios con los principios constitucionales y la soberanía nacional.