El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera transitoria el esquema de seguridad de la exgerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. Esta decisión judicial surge tras la impugnación de una tutela de primera instancia que había sido desfavorable para la exfuncionaria. El fallo exige a la entidad realizar un nuevo estudio de riesgo en un plazo máximo de 48 horas, considerando su actual condición de ciudadana particular. La medida es relevante debido a que Rodríguez denunció amenazas, hostigamientos y un presunto intento de envenenamiento tras revelar irregularidades durante su gestión en el gobierno de Gustavo Petro. La exfuncionaria fue declarada insubsistente el pasado 31 de julio, momento en el cual el entonces mandatario la calificó públicamente como manipuladora. El Tribunal enfatizó que la salida del cargo público no exime a la UNP de su responsabilidad de proteger a la ciudadana ante un riesgo extraordinario previamente reconocido. La UNP deberá mantener las medidas asignadas mediante la resolución de abril de 2026 mientras se completa la nueva evaluación técnica. Este proceso busca garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de la exdirectora. El resultado final del nuevo estudio determinará si el esquema de protección se mantiene, se ajusta o se modifica definitivamente.

Análisis político

La estrategia de Angie Rodríguez se centra en la judicialización de su seguridad personal como mecanismo de protección frente a posibles represalias por sus denuncias de corrupción. Al acudir a la justicia, la exfuncionaria logra trasladar la responsabilidad de su integridad al Estado, obligando a la UNP a reconocer que el riesgo persiste independientemente de su estatus laboral. Esta táctica busca blindar su voz pública frente a los ataques del Ejecutivo, que ha intentado deslegitimar sus denuncias mediante descalificaciones personales. El fallo representa una victoria para Rodríguez, quien logra mantener su esquema de seguridad y visibilizar su situación de vulnerabilidad ante la opinión pública. Por el contrario, el Gobierno pierde capacidad de presión al verse obligado por una orden judicial a mantener la protección de una figura que ha convertido en su principal opositora interna. La narrativa se construye bajo una tensión clara: mientras el oficialismo intenta presentar a la exfuncionaria como una figura poco confiable, ella se posiciona como una denunciante de irregularidades que enfrenta riesgos extraordinarios por su labor.