Tribunal mantiene giros de 1,3 billones de pesos para el nuevo modelo de pasaportes
Resumen
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación, la cual buscaba suspender los desembolsos de 1,3 billones de pesos destinados al convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El magistrado José Élver Muñoz determinó que el Ministerio Público no logró acreditar un perjuicio irremediable ni demostrar que la suspensión fuera más beneficiosa para el interés público. La decisión permite que el nuevo modelo de expedición de pasaportes, operativo desde abril de 2026, continúe su curso financiero mientras se resuelve la demanda de fondo sobre la legalidad del contrato.
La Procuraduría había argumentado que el convenio presentaba irregularidades en su contratación directa, señalando una supuesta subcontratación indebida de la Imprenta Nacional con la entidad portuguesa. Por su parte, el Tribunal enfatizó que detener los pagos pondría en riesgo la prestación del servicio público de pasaportes y afectaría los derechos de terceros que actuaron de buena fe. El fallo subraya que, en caso de una futura nulidad del contrato, el Estado cuenta con mecanismos legales para recuperar los recursos sin necesidad de una medida cautelar previa.
Este proceso judicial se desarrolla en paralelo a otras acciones, incluyendo una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal y la Fundación Dilo Colombia. El litigio ha estado marcado por tensiones procesales, como la sanción impuesta por el Tribunal a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por intentar apartar a un magistrado del caso mediante recusaciones consideradas de mala fe. La validez definitiva del esquema de pasaportes sigue pendiente de una sentencia que defina si el modelo se ajustó a las normas de contratación pública.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la defensa de la continuidad del servicio público como un escudo frente a los cuestionamientos de legalidad, utilizando la operatividad del sistema como un argumento de peso ante la justicia. Por otro lado, la Procuraduría busca capitalizar la vigilancia sobre la contratación estatal para cuestionar la idoneidad de la Imprenta Nacional y la transparencia del modelo, intentando frenar el flujo de recursos como una forma de presión política y administrativa.
En este escenario, el Gobierno gana un respiro operativo al asegurar la financiación del proyecto, evitando una crisis en la expedición de documentos que tendría un alto costo político. La Procuraduría, aunque pierde esta batalla cautelar, mantiene abierta la discusión jurídica sobre la nulidad del contrato, lo que le permite seguir ejerciendo control sobre la gestión del Ejecutivo. La narrativa del Gobierno se construye sobre la eficiencia y la soberanía en la producción de pasaportes, mientras que la del ente de control se enfoca en la presunta violación de los principios de licitación y contratación pública.
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