El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia contra 17 integrantes de una organización criminal dedicada a la emisión masiva de licencias médicas falsas. La red, que operó entre 2020 y 2022, generó un perjuicio fiscal estimado en más de 31.000 millones de pesos, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta los 50.000 millones. Entre los condenados figuran nueve médicos extranjeros, captadores y compradores de documentos fraudulentos. Los nueve facultativos recibieron penas de cumplimiento efectivo que oscilan entre los 13 y 21 años de cárcel, destacando la condena de 21 años impuesta al líder de la estructura, Samir Rivaldo. El tribunal también ordenó el pago de millonarias multas y el comiso de bienes asociados al lavado de activos. Otros seis involucrados, principalmente compradores de licencias, fueron sentenciados a penas menores bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva. Las defensas de los condenados anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema para solicitar la nulidad del fallo, argumentando supuesta discriminación y cuestionando la imparcialidad de las magistradas. Por su parte, el director de Fonasa y representantes de las Isapres valoraron la resolución como un precedente histórico para la protección del patrimonio público. El Consejo de Defensa del Estado mantiene acciones civiles para intentar recuperar los fondos malversados.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la judicialización ejemplificadora como herramienta para restaurar la confianza pública en el sistema de salud. El Ministerio Público y Fonasa construyen una narrativa de defensa del patrimonio fiscal, posicionando el caso como un hito contra la corrupción sistémica. Esta postura busca desincentivar el uso fraudulento de licencias médicas mediante la aplicación de penas severas y el comiso de bienes, alineándose con las demandas ciudadanas por mayor probidad y control estatal. El Estado y las instituciones de salud ganan legitimidad al demostrar capacidad de persecución penal contra estructuras criminales complejas, mientras que los condenados pierden su libertad y patrimonio, intentando revertir el resultado mediante la victimización y la denuncia de sesgos judiciales. La construcción de narrativas es divergente: mientras el sistema judicial y los querellantes enfatizan el daño al erario y la necesidad de justicia, las defensas intentan politizar el proceso alegando discriminación y falta de debido proceso para invalidar la sentencia ante la Corte Suprema.