La organización Transparencia por Colombia presentó un balance del cuatrienio 2022-2026, señalando que la administración saliente dejó tareas pendientes en la lucha contra la corrupción. El informe destaca un incremento inusual en la contratación pública tras el levantamiento de la Ley de Garantías, con más de 43.000 contratos registrados entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026. Andrés Hernández, director de la entidad, enfatizó que las alertas deben traducirse en investigaciones con datos robustos y decisiones oportunas por parte de los organismos de control. El análisis subraya que, aunque se implementaron medidas como la Línea 157 y el Sistema Nacional de Integridad, muchas iniciativas carecieron de continuidad y resultados medibles. La gestión fue cuestionada por escándalos que involucraron a funcionarios, aliados y personas del círculo cercano al presidente, incluyendo casos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sectores de oposición calificaron el balance como negativo, señalando que las promesas de cambio no se materializaron y que la corrupción marcó el cierre del mandato. El gobierno saliente defendió su gestión resaltando avances en indicadores económicos, como el aumento del salario mínimo y mejoras en las cifras de desempleo e inflación. No obstante, el debate político se mantiene dividido entre quienes ven un fortalecimiento democrático por la llegada de un proyecto alternativo y quienes denuncian un deterioro institucional. El reto para la administración entrante será consolidar una política de Estado que trascienda los ciclos presidenciales y garantice la protección efectiva de los denunciantes.

Análisis político

La estrategia política del gobierno saliente se basó en la construcción de una narrativa de ruptura con las élites tradicionales, utilizando la lucha contra la corrupción como eje central de su legitimidad. Sin embargo, la aparición de escándalos en su círculo cercano permitió a la oposición capitalizar el descontento, transformando la bandera anticorrupción en una contradicción que debilitó la credibilidad del proyecto oficialista. Se observa una disputa por el relato histórico donde el oficialismo prioriza los indicadores sociales y la apertura democrática, mientras que sus críticos se enfocan en la erosión de la confianza institucional y la gestión de recursos públicos. En este escenario, el gran perdedor es la confianza ciudadana en las instituciones, dado que la acumulación de denuncias y la falta de resultados judiciales contundentes han profundizado la desconfianza. El gobierno entrante gana un espacio de oportunidad para diferenciarse mediante la implementación de reformas técnicas y la despolitización de los organismos de control, aunque hereda un sistema de contratación pública bajo sospecha. La construcción de narrativas distintas evidencia cómo un mismo periodo es interpretado como un avance democrático por unos y como un fracaso ético por otros, dejando un terreno complejo para la gobernabilidad futura.