El creador de contenido Franko Lagos, conocido como El Kofran, fue increpado y obligado a retirarse de la Plaza de Armas de Santiago mientras realizaba una transmisión en vivo. Un grupo de aproximadamente 15 personas, identificadas por el afectado como extranjeros, lo acusó de grabar actividades ilícitas y lo amenazó con agredirlo físicamente. El incidente ocurrió en presencia de guardias municipales y personal de Carabineros, quienes no intervinieron para proteger al streamer. Tras el altercado, Lagos solicitó explicaciones a los guardias municipales presentes en el sector, recibiendo como respuesta la sugerencia de apagar su transmisión para evitar problemas. Los funcionarios justificaron su postura señalando que el creador de contenido conocía las actividades que se realizan en el lugar, lo que generó un fuerte repudio público. El director de Seguridad Municipal, Arturo Urrutia, calificó la respuesta de los guardias como una medida de seguridad para el joven, aunque sus declaraciones fueron ampliamente criticadas por minimizar la situación. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la presentación de una querella criminal para investigar la posible existencia de una asociación ilícita en el sector. La autoridad comunal vinculó el hecho con la presencia de proxenetas y personas que ofrecen servicios sexuales en la vía pública, buscando que la Fiscalía determine responsabilidades penales. Este evento ha reabierto el debate sobre la seguridad en los espacios públicos y la capacidad del Estado para controlar zonas críticas de la capital.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la disputa por la soberanía de los espacios públicos, donde la percepción de pérdida de control estatal frente a grupos organizados se convierte en un eje de confrontación. El gobierno comunal busca capitalizar el descontento ciudadano mediante acciones judiciales, intentando transformar un incidente viral en una oportunidad para demostrar firmeza institucional y desarticular redes delictivas en el centro de la ciudad. En este escenario, el alcalde Desbordes gana legitimidad al posicionarse como un actor que busca recuperar el orden, mientras que los guardias municipales y la administración de seguridad pierden credibilidad ante la opinión pública por su respuesta pasiva. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la libertad de expresión y el derecho a la seguridad, donde el influencer actúa como un catalizador que expone la ineficacia de las medidas de control actuales frente a la delincuencia organizada.