La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel Distribución tras detectar anomalías en medidores marca Nansen, modelo N12U01, que registraban consumo eléctrico incluso sin carga conectada. Esta falla, denominada como cobros fantasmas, afecta a más de 56 mil hogares, principalmente en viviendas sociales de la Región Metropolitana. La investigación se originó tras denuncias de vecinos en Pudahuel por alzas injustificadas en sus cuentas de luz. La autoridad ordenó a la empresa suspender la facturación de los clientes con equipos defectuosos hasta que sean reemplazados y prohibió el corte de suministro por impago en estos casos. Además, la SEC amplió las indagatorias hacia los organismos de certificación y laboratorios que validaron inicialmente estos dispositivos. La superintendenta Marta Cabeza enfatizó que los usuarios tienen derecho a una facturación basada en consumos reales y correctamente medidos. Enel ha reconocido la existencia de una situación acotada en la arquitectura de medición y ha iniciado un plan de reemplazo de los equipos cuestionados. La compañía sostiene que los medidores contaban con las certificaciones vigentes al momento de su instalación y colabora con la investigación. Actualmente, la empresa enfrenta un proceso sancionatorio donde deberá presentar sus descargos en un plazo de 15 días hábiles.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la fiscalización técnica como mecanismo de protección al consumidor ante fallas de servicios básicos. La SEC utiliza su capacidad sancionatoria para presionar a la empresa a realizar regularizaciones comerciales inmediatas, evitando que el conflicto escale hacia una crisis de desconfianza mayor en el sistema de distribución eléctrica. La narrativa del regulador se construye desde la defensa del derecho ciudadano a la transparencia, mientras que la empresa intenta minimizar el impacto reputacional calificando el evento como una situación técnica acotada. En este evento, los usuarios afectados son los principales perjudicados al enfrentar incertidumbre financiera y cobros excesivos, aunque ganan visibilidad y protección regulatoria tras la intervención estatal. La empresa pierde credibilidad y enfrenta costos operativos significativos por el recambio masivo de equipos y la suspensión de facturación. La construcción de narrativas divergentes es evidente: la autoridad enfatiza la irregularidad y la responsabilidad de la empresa, mientras que Enel se enfoca en el cumplimiento normativo previo y su disposición a colaborar para resolver el problema técnico.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel Distribución tras detectar que medidores de la marca Nansen, modelo N12U01, registraban consumo eléctrico incluso con los interruptores generales desconectados. La investigación se originó por denuncias de familias en viviendas sociales de Pudahuel, quienes reportaron cobros excesivos en sus cuentas. El problema afectaría a un universo de 56 mil equipos instalados en la zona de concesión de la empresa. El organismo fiscalizador constató que brigadas de la compañía realizaron modificaciones en el conexionado del conductor neutro que no cumplían con las especificaciones técnicas del fabricante. Ante estos hallazgos, la SEC ordenó a Enel suspender la facturación de los clientes afectados, prohibió el corte de suministro por deudas impagas y exigió el retiro del mercado de los dispositivos cuestionados. La empresa, por su parte, calificó la situación como acotada y aseguró que trabaja en una solución técnica para regularizar los cobros. Enel dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante el procedimiento sancionatorio iniciado por la autoridad. Paralelamente, la SEC solicitó a los organismos certificadores toda la documentación técnica para auditar la trazabilidad de los medidores. La superintendenta Marta Cabeza enfatizó que los usuarios tienen derecho a una facturación basada exclusivamente en consumos reales y correctamente medidos.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en una fiscalización proactiva del regulador estatal para contener el descontento social derivado de los costos de servicios básicos, un tema altamente sensible en la opinión pública chilena. Al intervenir directamente en la facturación y prohibir cortes de suministro, la SEC busca posicionarse como un garante de los derechos de los consumidores frente a una empresa privada, evitando que el conflicto escale hacia una crisis de confianza mayor en el sistema eléctrico. En este evento, los usuarios de viviendas sociales resultan ser los principales beneficiarios de la intervención estatal, mientras que Enel pierde reputación y enfrenta un proceso sancionatorio que podría derivar en multas significativas. La narrativa de la empresa intenta minimizar el impacto calificando el error como una falla técnica acotada, mientras que la autoridad construye una narrativa de protección ciudadana frente a irregularidades que afectan la economía familiar.