Gobierno lanza plan piloto con 90 agentes para reducir evasión en buses Red
Resumen
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio de Economía, inició un plan piloto de 30 días para combatir la evasión en el transporte público de Santiago. La medida despliega 90 agentes, organizados en equipos de tres por bus, en el recorrido 107 que conecta Peñalolén con Huechuraba. Este servicio fue seleccionado debido a su alta tasa de evasión, que alcanza el 62,7%, superando significativamente el promedio del sistema de 37,4%.
Los agentes, identificables por su vestimenta negra y chalecos anticorte, cumplen una función exclusivamente disuasiva y preventiva en las puertas de los buses. No poseen facultades para cursar multas ni aplicar sanciones, limitándose a solicitar la validación del pasaje a los usuarios. En caso de incidentes o situaciones de violencia, los protocolos establecen que el personal debe solicitar la intervención de Carabineros o fiscalizadores autorizados, utilizando las cámaras de seguridad como registro probatorio.
La iniciativa representa una inversión de 100 millones de pesos y busca reducir la evasión en el recorrido piloto a un rango de entre 30% y 40%. Además del objetivo de sostenibilidad financiera del sistema, el Gobierno vincula este despliegue con la creación de empleo, proyectando la posibilidad de generar hasta 3.000 puestos de trabajo si el modelo demuestra ser efectivo y se extiende a otros servicios de la red.
Análisis Político
La estrategia gubernamental combina la gestión de la crisis de evasión con una narrativa de reactivación laboral, buscando capitalizar políticamente la alta tasa de desempleo mediante la creación de puestos de trabajo en el sector público-privado. Al presentar la medida como una herramienta de 'cultura de pago' y sostenibilidad, el Ejecutivo intenta desplazar el foco desde la represión policial hacia una gestión de orden público basada en la disuasión, evitando el costo político de enfrentamientos directos con los usuarios.
El Gobierno gana legitimidad al mostrar acción concreta ante un problema ciudadano persistente, mientras que los usuarios que cumplen con el pago se ven validados por la intervención. Por el contrario, los sectores que justifican la evasión como una respuesta a la calidad del servicio o al costo de la vida pierden terreno en la narrativa pública, al ser confrontados con la cifra de evasión del 67% en el recorrido 107, lo que permite al Ejecutivo construir un relato de responsabilidad cívica frente a la informalidad.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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