El Gobierno de Chile inició un plan piloto de 30 días en el recorrido 107 de Red Movilidad, el cual conecta Peñalolén con Huechuraba y presenta una tasa de evasión del 62,7%. La medida consiste en el despliegue de 90 agentes de seguridad, organizados en equipos de tres personas por bus, cuya función principal es disuadir a los pasajeros de ingresar sin validar su pasaje. Estos funcionarios, que vestirán indumentaria distintiva, no tendrán facultades para cursar multas ni aplicar sanciones legales. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió la iniciativa calificándola como una señal disuasiva necesaria para proteger la sostenibilidad del sistema y el bolsillo de quienes sí pagan. La autoridad enfatizó que la evasión es un abuso que impacta negativamente en recursos destinados a servicios sociales, como desayunos escolares o medicamentos para adultos mayores. El plan cuenta con una inversión de 100 millones de pesos y busca reducir la evasión en el recorrido seleccionado a un rango de entre 30% y 40%. Por su parte, el biministro de Economía, Daniel Mas, destacó el componente laboral del proyecto, señalando que el modelo podría escalar hasta la creación de 3.000 empleos si los resultados del piloto son positivos. Las autoridades aclararon que, ante situaciones de violencia, se aplicarán protocolos de seguridad estándar y se utilizarán registros de cámaras. La efectividad de esta estrategia será evaluada al finalizar el mes para determinar su posible implementación en otros servicios del transporte público metropolitano.

Análisis político

La estrategia gubernamental combina la gestión de la seguridad pública con la eficiencia financiera, utilizando la figura de los agentes como una herramienta de control social directo en un sistema con alta evasión. Al enmarcar la evasión como un perjuicio a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo busca legitimar una medida de fuerza que, aunque carece de facultades sancionatorias, intenta restaurar el principio de autoridad y el cumplimiento del Estado de Derecho en el transporte público. El Gobierno gana al posicionarse como un actor que toma medidas concretas frente a un problema crónico, mientras que los usuarios que cumplen con el pago se ven validados en su conducta. Por otro lado, la narrativa se construye bajo una dicotomía entre el 'deber ciudadano' y el 'abuso', desplazando el foco desde la precariedad del sistema hacia la responsabilidad individual del pasajero. La posibilidad de escalar el plan a 3.000 empleos permite al Ejecutivo capitalizar políticamente el evento, vinculando la seguridad en el transporte con la reactivación del mercado laboral.

El Gobierno de Chile inició un plan piloto de 30 días en el recorrido 107 de Red Movilidad, el cual conecta Peñalolén con Huechuraba y presenta una tasa de evasión del 62,7%. La medida consiste en el despliegue de 90 agentes antievasión, organizados en grupos de tres por bus, cuya función principal es disuadir a los pasajeros de ingresar sin validar su pasaje. Estos funcionarios, que vestirán indumentaria distintiva y chalecos anticorte, no tendrán facultades para cursar multas ni aplicar sanciones directas. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió la iniciativa calificándola como una señal disuasiva necesaria para proteger la sostenibilidad del sistema y evitar el abuso contra quienes sí pagan. La autoridad enfatizó que la evasión impacta negativamente en los recursos destinados a servicios sociales, comparando el perjuicio financiero con la falta de insumos básicos para sectores vulnerables. El plan cuenta con una inversión de 100 millones de pesos y busca reducir la evasión en el recorrido seleccionado a un rango de entre 30% y 40%. Por su parte, el biministro de Economía, Daniel Mas, destacó el componente laboral del proyecto, señalando que el modelo podría escalar hasta la creación de 3.000 empleos si los resultados del piloto son positivos. Aunque la medida se enfoca en la prevención, las autoridades recordaron que la evasión sigue siendo una falta sancionable por fiscalizadores autorizados y Juzgados de Policía Local. El éxito de este despliegue será evaluado para determinar su posible expansión a otros servicios de alta demanda en la capital.

Análisis político

La estrategia gubernamental combina una política de orden público con una narrativa de responsabilidad fiscal y justicia social. Al vincular la evasión con la privación de recursos para niños y adultos mayores, el Ejecutivo busca legitimar el uso de agentes de seguridad en el transporte público, transformando un problema técnico de recaudación en un imperativo moral. Esta narrativa permite al Gobierno posicionarse como un actor que defiende el Estado de Derecho frente a conductas consideradas inaceptables por la ciudadanía. En este escenario, el Gobierno gana al capitalizar políticamente la demanda por mayor seguridad y orden, mientras intenta mitigar el desempleo mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. Los principales perdedores son los usuarios que evaden el pago, quienes enfrentan ahora una barrera física directa, y potencialmente el erario público si el costo del despliegue no se compensa con la mayor recaudación. La construcción de la narrativa se divide entre la eficiencia operativa y la necesidad de generar empleo, permitiendo al Ejecutivo presentar una solución multifacética ante un problema persistente.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio de Economía, inició un plan piloto de 30 días para combatir la evasión en el transporte público de Santiago. La medida despliega 90 agentes, organizados en equipos de tres por bus, en el recorrido 107 que conecta Peñalolén con Huechuraba. Este servicio fue seleccionado debido a su alta tasa de evasión, que alcanza el 62,7%, superando significativamente el promedio del sistema de 37,4%. Los agentes, identificables por su vestimenta negra y chalecos anticorte, cumplen una función exclusivamente disuasiva y preventiva en las puertas de los buses. No poseen facultades para cursar multas ni aplicar sanciones, limitándose a solicitar la validación del pasaje a los usuarios. En caso de incidentes o situaciones de violencia, los protocolos establecen que el personal debe solicitar la intervención de Carabineros o fiscalizadores autorizados, utilizando las cámaras de seguridad como registro probatorio. La iniciativa representa una inversión de 100 millones de pesos y busca reducir la evasión en el recorrido piloto a un rango de entre 30% y 40%. Además del objetivo de sostenibilidad financiera del sistema, el Gobierno vincula este despliegue con la creación de empleo, proyectando la posibilidad de generar hasta 3.000 puestos de trabajo si el modelo demuestra ser efectivo y se extiende a otros servicios de la red.

Análisis político

La estrategia gubernamental combina la gestión de la crisis de evasión con una narrativa de reactivación laboral, buscando capitalizar políticamente la alta tasa de desempleo mediante la creación de puestos de trabajo en el sector público-privado. Al presentar la medida como una herramienta de 'cultura de pago' y sostenibilidad, el Ejecutivo intenta desplazar el foco desde la represión policial hacia una gestión de orden público basada en la disuasión, evitando el costo político de enfrentamientos directos con los usuarios. El Gobierno gana legitimidad al mostrar acción concreta ante un problema ciudadano persistente, mientras que los usuarios que cumplen con el pago se ven validados por la intervención. Por el contrario, los sectores que justifican la evasión como una respuesta a la calidad del servicio o al costo de la vida pierden terreno en la narrativa pública, al ser confrontados con la cifra de evasión del 67% en el recorrido 107, lo que permite al Ejecutivo construir un relato de responsabilidad cívica frente a la informalidad.