El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una inminente acusación constitucional tras la firma de decretos que rebajaron las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. El Presidente José Antonio Kast ha respaldado personalmente al secretario de Estado, calificando el hecho como un error político y humano, mientras el Ejecutivo despliega gestiones para alinear a sus parlamentarios. La oposición ha aprovechado la controversia para impulsar el libelo, cuya viabilidad en la Cámara de Diputados depende de los votos del Partido de la Gente.

Análisis político

La crisis revela la fragilidad de la coalición oficialista, evidenciando una falta de coordinación estratégica entre la UDI y el Partido Republicano. Mientras los republicanos exigen lealtad absoluta al Presidente Kast, sectores de la UDI han manifestado críticas públicas, lo que ha derivado en un enfrentamiento verbal donde se acusan mutuamente de cobardía política y superioridad moral. Esta fragmentación debilita la capacidad del Gobierno para blindar a sus ministros ante ataques opositores. El gran perdedor es el Ejecutivo, que ve cómo una gestión administrativa se transforma en una crisis de gobernabilidad que pone en riesgo la permanencia de un ministro clave. El Presidente Kast gana en control directo sobre la crisis al asumir la defensa, pero pierde capital político al exponerse a una votación incierta. La narrativa de la oposición se construye sobre la supuesta desprolijidad del Gobierno, mientras el oficialismo intenta desviar el foco hacia la 'politiquería' de sus adversarios, replicando dinámicas de confrontación observadas en administraciones anteriores.