Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico emitieron un comunicado oficial solicitando que las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sean escuchadas con respeto y sin juicios sobre la vida privada de la denunciante. Las congresistas pidieron a la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad Nacional de Protección garantizar la seguridad de la mujer para que pueda exponer su versión ante las autoridades. Asimismo, instaron a evitar la revictimización y la difusión de material íntimo, subrayando que la defensa de los derechos de las mujeres debe ser coherente con sus principios feministas y democráticos, independientemente de lealtades políticas. El pronunciamiento ocurre tras la publicación de un video por parte de Jiménez que mostraría un encuentro íntimo con el exmandatario, sumado a la revelación de chats que sugerirían presuntas irregularidades en la contratación estatal. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría avanzan en la recolección de pruebas y citaciones, el senador Iván Cepeda afirmó que el expresidente está dispuesto a comparecer ante la justicia para responder por sus actos. Cepeda enfatizó la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, distanciándose de las preguntas de la prensa en días anteriores. La postura del Pacto Histórico ha sido objeto de críticas por una aparente demora en la respuesta institucional frente a la gravedad de los señalamientos. Algunos sectores políticos y activistas han cuestionado el silencio inicial de la colectividad, sugiriendo que el caso pone a prueba la coherencia ideológica del movimiento frente a sus banderas de lucha contra la corrupción y la violencia de género. Las autoridades judiciales deberán determinar ahora si existió una red de instrumentalización de mujeres mediante contratos públicos, un hecho que el partido ha pedido que no sea utilizado para intereses particulares.

Análisis político

La estrategia del Pacto Histórico se ha movido entre el silencio inicial y un pronunciamiento cauteloso que busca equilibrar la defensa de sus principios feministas con la protección de su principal referente político. Al solicitar garantías para la denunciante, las congresistas intentan mitigar el costo reputacional de las acusaciones, mientras que figuras como Iván Cepeda refuerzan la narrativa de que el expresidente se someterá a la justicia, trasladando la responsabilidad de la resolución del caso a los estrados judiciales para evitar un desgaste mayor en el debate público. El gran perdedor político es la narrativa de superioridad ética del movimiento, que se ve fracturada al enfrentar denuncias que involucran el uso de recursos públicos para fines personales. Por otro lado, la oposición capitaliza el evento al elevar el caso a la Comisión de Acusaciones bajo la figura de indignidad, lo que permite mantener el tema en la agenda mediática. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Pacto intenta separar la vida privada de la gestión pública y evitar la instrumentalización política, sus críticos utilizan las pruebas documentales para cuestionar la integridad del proyecto político en su conjunto.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar documentación sobre los contratos de Deicy Jiménez. Esta diligencia busca verificar las condiciones de vinculación laboral de la denunciante, quien sostiene haber recibido ofrecimientos de beneficios contractuales a cambio de favores sexuales por parte del expresidente Gustavo Petro. El magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado lidera la recolección de expedientes para contrastar la información con los testimonios entregados ante las autoridades. Paralelamente, Deicy Jiménez entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para una extracción forense de datos. El dispositivo será analizado en busca de chats, videos, fotografías y geolocalización que sirvan como material probatorio en la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y contratación indebida. La defensa de la denunciante ha reportado seguimientos y riesgos de seguridad, mientras que la Fiscalía ha citado a declarar a funcionarios actuales como el director del DAPRE, Carlos Ríos. El caso ha generado una fuerte reacción política, con congresistas de Salvación Nacional radicando una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los denunciantes solicitan investigar posibles delitos de concusión, cohecho y una eventual indignidad por mala conducta del exmandatario. Por su parte, la defensa de Gustavo Petro ha calificado las acusaciones como un montaje, insistiendo en que el video difundido carece de contexto, fecha y veracidad técnica, por lo que debe ser sometido a peritajes oficiales.

Análisis político

La estrategia política de la oposición se centra en la judicialización del caso para desgastar la figura del expresidente, utilizando la Comisión de Acusación como escenario para presionar por un juicio político por indignidad. Al vincular la vida privada con el uso de recursos públicos, los sectores críticos buscan deslegitimar el discurso progresista del exmandatario, presentándolo como un actor que instrumentalizó el poder estatal para beneficios personales. Esta narrativa busca convertir un escándalo de índole personal en un debate sobre la ética pública y la corrupción administrativa. En este escenario, el expresidente y su defensa intentan ganar tiempo y legitimidad mediante la descalificación técnica de las pruebas, argumentando que el material audiovisual es un montaje sin validez probatoria. Quien pierde terreno es la estabilidad institucional, al verse inmersa en una disputa que mezcla denuncias de violencia de género con presuntas irregularidades en la contratación estatal. La resolución del caso dependerá de la capacidad de las autoridades judiciales para separar la veracidad de las pruebas digitales de la carga política que rodea las acusaciones.