Las autoridades colombianas ejecutaron la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos, tras un operativo interinstitucional en 15 localidades de Bogotá. La intervención, liderada por Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía, se centró en individuos con antecedentes por delitos como extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes. Los expulsados acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. El procedimiento inició con la verificación de expedientes en instalaciones policiales, seguido por el traslado de los detenidos hacia el Comando Aéreo de Transporte Militar en Catam. Desde allí, fueron movilizados en un vuelo hacia Cúcuta para completar su salida del territorio nacional por el puente internacional Atanasio Girardot. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que diez de los expulsados fueron capturados por autoridades venezolanas al ingresar a su país, debido a órdenes de captura vigentes. Esta acción se enmarca en la política de seguridad del actual Gobierno, que ha registrado 812 deportaciones y expulsiones entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026. El mandatario enfatizó que el país mantiene sus puertas abiertas para quienes llegan a trabajar honradamente, pero advirtió que no será refugio para criminales. La medida busca reforzar el control migratorio y reducir la reincidencia delictiva en la capital colombiana.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se fundamenta en la construcción de una narrativa de 'mano dura' y orden, utilizando las expulsiones como un símbolo de autoridad frente a la inseguridad urbana. Al diferenciar explícitamente entre migrantes que aportan al país y aquellos que delinquen, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento ciudadano por la criminalidad sin alienar completamente a la población migrante regular, consolidando una imagen de control estatal. El presidente Abelardo de la Espriella es el principal beneficiario político de este evento, al proyectar eficacia en la ejecución de sus promesas de campaña sobre seguridad nacional. Por el contrario, los sectores que abogan por una política migratoria más flexible o humanitaria pierden terreno en el debate público, quedando relegados ante la contundencia de las cifras de expulsión y la narrativa de protección a la soberanía nacional.