SMA formula cargos graves contra Codelco por incumplimientos ambientales en división Ministro Hales
Resumen
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra la división Ministro Hales de Codelco, ubicada en Calama, debido a fallas en el control de emisiones de material particulado. La investigación, que consideró fiscalizaciones en terreno y siete denuncias ciudadanas entre 2021 y 2024, detectó la operación del chancador primario sin filtros exigidos y la falta de aplicación de bischofita en botaderos de estériles. La estatal arriesga sanciones que incluyen la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental, la clausura de instalaciones o multas de hasta 5.000 UTA por cada cargo.
El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, enfatizó la gravedad de estos incumplimientos dado que Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable. La autoridad subrayó que el cumplimiento estricto de las medidas ambientales es indispensable para proteger la salud de la población local. Estas infracciones se suman a un historial de fiscalizaciones que buscan asegurar que la operación minera no agrave las condiciones atmosféricas de la comuna.
En paralelo a esta sanción, la SMA aprobó un Programa de Cumplimiento para el tranque de relaves Talabre, también vinculado a la misma división. Este plan compromete una inversión de más de 66.915 millones de pesos en un plazo de 24 meses para ejecutar ocho acciones correctivas, incluyendo la habilitación de nuevos pozos de extracción. La aprobación de este programa suspende el procedimiento sancionatorio previo por infiltraciones, aunque la autoridad mantiene la facultad de reactivarlo si la empresa incumple los compromisos adquiridos.
Análisis Político
La estrategia observada refleja un endurecimiento en la fiscalización ambiental sobre empresas estatales, buscando equilibrar la relevancia económica de la minería con la presión social por estándares de salud pública en zonas saturadas. El uso de programas de cumplimiento permite a la autoridad técnica gestionar la remediación de daños sin paralizar la producción, mientras que la formulación de cargos graves actúa como un mecanismo de presión política para asegurar la inversión en mitigación.
En este escenario, la ciudadanía de Calama gana visibilidad y una respuesta institucional ante sus denuncias, mientras que Codelco enfrenta el costo reputacional y financiero de corregir deficiencias operativas. La narrativa estatal se construye bajo un enfoque de responsabilidad ambiental, donde la SMA se posiciona como un ente técnico imparcial que, al mismo tiempo que sanciona, ofrece vías de regularización para evitar el cierre de operaciones estratégicas para el país.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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