El Servicio Electoral (Servel) anunció que denunciará ante los juzgados de policía local a 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. El director del organismo, Raúl García, detalló ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos que el proceso de sistematización de padrones concluirá entre octubre y noviembre. Los ciudadanos afectados arriesgan multas que oscilan entre 0,5 y 1,5 UTM, equivalentes a montos de entre 36 mil y 108 mil pesos. La normativa vigente, Ley 21.779, establece que los denunciados pueden evitar la sanción si presentan justificaciones legales válidas, como enfermedad, estar fuera del país o encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación. El Servel realiza un filtro previo para excluir a quienes ya presentaron excusas o estaban en el extranjero. Los casos restantes serán remitidos a los tribunales para iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente. El presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, cuestionó la viabilidad del sistema para gestionar este volumen masivo de denuncias. Advirtió sobre una sobrecarga administrativa en tribunales que aún operan con tramitación en papel y señaló que, en la práctica, muchas multas resultan inefectivas. Ríos enfatizó que la falta de capacidad operativa podría convertir el voto obligatorio en un ejercicio voluntario debido a la baja tasa de cumplimiento de las sanciones.

Análisis político

La estrategia política detrás de este evento se centra en la aplicación estricta de la Ley 21.779 para validar la institucionalidad del voto obligatorio, buscando disuadir la abstención mediante la amenaza de sanciones económicas. El Servel actúa como un ente técnico que cumple con su mandato legal, mientras que el Poder Judicial, a través de los jueces de policía local, expone las debilidades estructurales del Estado para ejecutar políticas públicas masivas, evidenciando una desconexión entre la norma legislativa y la capacidad operativa de los tribunales. En este escenario, el Estado pierde legitimidad al no poder garantizar la efectividad de las sanciones, lo que debilita el propósito del voto obligatorio. Por su parte, los ciudadanos que no votaron se encuentran en una posición de incertidumbre jurídica, mientras que los jueces se ven perjudicados por una sobrecarga de trabajo que amenaza con paralizar sus funciones habituales. La narrativa del Servel se enfoca en el cumplimiento del deber legal, mientras que la de los jueces se centra en la inoperancia del sistema, creando una tensión sobre la eficacia del aparato estatal.