El Juzgado de Garantía de Santa Bárbara decretó la prisión preventiva para Patricio Alonso Calpán Marihuán, imputado por los delitos de secuestro con violación, lesiones graves y amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar y de género. Los hechos ocurrieron entre el 7 y el 23 de julio de 2026, cuando el sujeto retuvo a su expareja en su domicilio tras engañarla para que se quedara a solas con él. La víctima permaneció cautiva por más de dos semanas, periodo en el cual fue drogada, golpeada con un martillo, rapada a la fuerza y sometida a agresiones sexuales reiteradas. La fiscal Ana María Molina detalló que el imputado utilizó herramientas como alicates y una lanza de coligüe para intimidar y herir a la mujer, además de amenazar de muerte a su familia. Durante el cautiverio, la víctima no pudo escapar incluso cuando Carabineros acudió al lugar por una denuncia de presunta desgracia, debido a que el agresor la mantenía escondida y bajo constante amenaza. La mujer logró liberarse únicamente cuando sus familiares regresaron al domicilio para informarle sobre el fallecimiento de su madre, obligando al imputado a salir del inmueble para asistir al funeral. El tribunal consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, estableciendo un plazo de cuatro meses para la investigación. Este caso ha sido calificado por el Ministerio Público como un ejemplo extremo de machismo y sometimiento, donde el agresor buscó denigrar la integridad física y psicológica de la mujer. Las autoridades han reforzado la difusión de canales de ayuda para víctimas de violencia de género tras la gravedad de los antecedentes expuestos en la audiencia.

Análisis político

La estrategia política observada en este caso se centra en la visibilización institucional de la violencia de género como un problema de seguridad pública prioritario. El Ministerio Público utiliza la formalización para enfatizar la aplicación de leyes específicas contra la violencia intrafamiliar, buscando sentar un precedente punitivo ante actos de tortura y denigración. Esta narrativa busca fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial, mostrando una respuesta rápida y contundente ante delitos que vulneran gravemente los derechos humanos. En este evento, el Estado y las instituciones de justicia ganan legitimidad al actuar con celeridad, mientras que el imputado pierde cualquier posibilidad de defensa social al quedar expuesto como un actor de alta peligrosidad. La construcción de la narrativa se divide entre la fiscalía, que subraya el componente de 'machismo y sometimiento' para sensibilizar a la opinión pública, y el Poder Judicial, que se enfoca en la protección de la seguridad social. Esta diferenciación permite que el caso trascienda lo policial y se instale en el debate sobre la eficacia de las políticas de protección a la mujer en Chile.