Los senadores Arturo Squella y Andrés Longton anunciaron un acuerdo para presentar indicaciones a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno. La iniciativa original enfrentaba críticas transversales debido a la creación de un nuevo estado de excepción que permitía al Ejecutivo actuar sin control parlamentario por hasta ocho meses e incluía la facultad de interceptar comunicaciones privadas. Los parlamentarios oficialistas buscan corregir estos puntos estableciendo la necesidad de acuerdo con el Congreso desde el inicio y revisiones periódicas cada 30 días. La estrategia busca destrabar la votación en general del proyecto, que requiere un quórum de cuatro séptimos en el Senado, el cual el oficialismo no alcanza por sí solo. Ante la falta de apoyos seguros, incluso de sectores cercanos, el Gobierno ha iniciado una serie de reuniones con parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI para ajustar el articulado. El objetivo es perfeccionar la propuesta para hacerla más eficaz y legítima, evitando que la falta de rigurosidad técnica o la premura comunicacional deriven en un rechazo legislativo. Diversos actores políticos, incluyendo al Partido Nacional Libertario, han mostrado disposición a analizar el proyecto bajo estas nuevas condiciones, calificando las modificaciones como necesarias para hacer la medida más digerible. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su intención de avanzar en la agenda de seguridad, reconociendo la necesidad de morigerar la propuesta original para recoger las inquietudes sobre garantías fundamentales y separación de poderes.

Análisis político

La estrategia observada es una maniobra de control de daños donde el oficialismo prioriza la aprobación de la idea de legislar mediante la cesión de puntos críticos. Al delegar la corrección técnica a los parlamentarios, el Gobierno intenta evitar una derrota política en la sala, trasladando el debate hacia una fase de negociación más técnica y menos ideológica en las comisiones, lo que permite diluir las acusaciones de autoritarismo. En este evento, el Gobierno pierde capital político inicial al exponer una propuesta con fallas de diseño que generaron desconfianza incluso en sus aliados, pero gana una oportunidad de supervivencia legislativa al abrirse al diálogo. Por su parte, los senadores que lideran las modificaciones se posicionan como actores pragmáticos capaces de moderar la agenda, mientras que la oposición capitaliza el error del Ejecutivo para instalar una narrativa sobre los riesgos de una democracia iliberal, obligando al oficialismo a retroceder en sus pretensiones originales.