La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó formalmente a la senadora María Clara Posada y al senador Germán Rodríguez rectificar sus señalamientos contra la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre. La Defensoría argumentó que los congresistas han difundido fragmentos descontextualizados de audiencias para insinuar una supuesta complicidad entre la magistrada y exintegrantes de las Farc. Según la entidad, estas acciones constituyen una campaña de desprestigio, desinformación y violencia de género que afecta la independencia judicial. La senadora Posada, del Centro Democrático, respondió negándose rotundamente a retractarse y defendió su derecho al control político sobre la JEP. La congresista cuestionó la celeridad de la Defensoría para defender a la magistrada, sugiriendo un posible conflicto de interés debido al pasado profesional de Marín en dicho tribunal. Además, Posada denunció que la postura de la Defensoría representa un ataque organizado que pone en riesgo su seguridad personal. El partido Salvación Nacional también se sumó a la controversia, calificando la solicitud de la Defensoría como una medida abusiva que busca limitar el escrutinio público. Mientras la Defensoría insiste en que el debate sobre la JEP debe basarse en argumentos verificables y no en ataques personales, los congresistas sostienen que su labor es denunciar presuntas irregularidades y opacidad en la gestión de recursos de la jurisdicción.

Análisis político

La confrontación evidencia una estrategia de polarización donde la JEP se convierte en el eje central de la disputa política entre el oficialismo y la oposición. La Defensoría del Pueblo intenta posicionarse como garante de la institucionalidad y la independencia judicial, utilizando el marco de la violencia de género para deslegitimar las críticas de los congresistas. Por su parte, la oposición utiliza el control político para desgastar la legitimidad del tribunal, vinculando la gestión de la JEP con la impunidad y el malgasto de recursos, lo que les permite capitalizar el descontento de sectores críticos con el Acuerdo de Paz. En este escenario, la senadora Posada gana visibilidad mediática al presentarse como una figura que desafía al 'establishment' judicial, mientras que la Defensoría corre el riesgo de ser percibida como un actor parcializado si no logra separar su defensa institucional de los vínculos previos de su titular con la JEP. La narrativa se construye bajo dos ejes opuestos: uno que defiende la autonomía de la justicia frente a la desinformación, y otro que reivindica el derecho del Congreso a fiscalizar instituciones que, a su juicio, operan con opacidad y sesgos ideológicos.