El Senado de la República protagonizó una polémica al someter a votación la decisión de evacuar el recinto tras un sismo de magnitud 5,1 con epicentro en Los Santos, Santander. La proposición, presentada por la senadora Carolina Corcho, fue rechazada con 30 votos en contra frente a 24 a favor, permitiendo que la sesión continuara. Este procedimiento fue cuestionado por varios legisladores, quienes señalaron que la seguridad y los protocolos de emergencia no deberían estar sujetos a la voluntad política de los congresistas. La situación evidenció una disparidad en los protocolos de seguridad dentro del Capitolio Nacional, ya que la Cámara de Representantes optó por una evacuación preventiva inmediata y la posterior reprogramación de su jornada. Senadores como Esmeralda Hernández calificaron el hecho como absurdo, mientras que el vicepresidente segundo del Senado, Alejandro Ocampo, denunció la falta de alarmas y señales adecuadas en el edificio. La edificación, con más de un siglo de antigüedad, ha sido objeto de preocupación previa debido a daños estructurales causados por movimientos telúricos anteriores. El debate también incluyó posturas divergentes sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas ante la recurrencia de sismos en el país. Algunos congresistas, como Jota Pe Hernández, argumentaron que el movimiento fue leve y que evacuar ante cada evento sísmico paralizaría la actividad legislativa de manera innecesaria. La controversia dejó al descubierto las tensiones sobre la gestión de riesgos en el Congreso y la falta de un criterio unificado entre las dos cámaras legislativas ante emergencias naturales.

Análisis político

La estrategia política observada revela una instrumentalización de los protocolos de seguridad para marcar posturas ideológicas y de gestión. Mientras el Pacto Histórico utilizó el evento para cuestionar la negligencia y la falta de rigor en los procedimientos de la mesa directiva, otros sectores buscaron minimizar el riesgo para evitar la interrupción de la agenda legislativa, priorizando la continuidad de las sesiones sobre las medidas preventivas. Esta dinámica convierte un protocolo técnico de protección civil en un escenario de confrontación parlamentaria. En este evento, la imagen institucional del Senado pierde legitimidad al priorizar la votación sobre la seguridad, exponiendo una desconexión entre la administración del Congreso y los estándares de prevención. Ganan terreno narrativo los sectores que denuncian la falta de preparación y la precariedad de la infraestructura, mientras que la mesa directiva y quienes votaron por permanecer en el recinto pierden credibilidad ante la opinión pública al ser percibidos como irresponsables frente a un riesgo real.