El sector eléctrico colombiano, liderado por Acolgen, ha encendido las alarmas ante un inminente déficit de energía firme que podría alcanzar el 7,8% en 2027. La combinación de un fenómeno de El Niño con baja afluencia hídrica y una demanda creciente ha llevado al sistema a operar al límite de su capacidad. Expertos y gremios coinciden en que la falta de nuevos proyectos de generación y los retrasos estructurales acumulados en los últimos años han dejado al país en una posición de alta vulnerabilidad. El Gobierno nacional, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, ha respondido con el plan 'Energía Ya', que incluye una inyección inicial de 300.000 millones de pesos para aliviar la liquidez de las plantas térmicas, con un compromiso total de 1,5 billones de pesos. Esta medida busca garantizar la operación de las térmicas, fundamentales para suplir la falta de generación hidroeléctrica durante la sequía. Sin embargo, diversos analistas advierten que, sin una solución a los problemas de inversión y seguridad jurídica, el país podría enfrentar un colapso financiero en el sector antes que uno físico. El debate político se ha intensificado con declaraciones cruzadas entre el gremio energético y el expresidente Gustavo Petro, quien atribuyó la crisis a una dependencia excesiva de los hidrocarburos. Mientras tanto, los actores del sector insisten en que la prioridad debe ser la agilidad en el licenciamiento ambiental y la estabilidad normativa para atraer capital privado. La ciudadanía ha sido llamada a implementar medidas de ahorro energético para mitigar la presión sobre un sistema que, según proyecciones, podría costar hasta 1,5 puntos del PIB en caso de un racionamiento prolongado.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la transferencia de responsabilidades y la gestión de expectativas ante una crisis inminente. El gremio energético utiliza cifras de déficit para presionar por mayor seguridad jurídica y agilidad en trámites, mientras que el Gobierno intenta capitalizar la atención mediante la asignación de recursos inmediatos, buscando desmarcarse de las fallas estructurales heredadas. La narrativa se divide entre quienes ven en la crisis una oportunidad para acelerar la transición energética y quienes sostienen que la urgencia requiere fortalecer el parque térmico tradicional para evitar un colapso económico. En este escenario, el Gobierno actual gana margen de maniobra al mostrar capacidad de respuesta rápida, pero pierde capital político si las medidas resultan insuficientes para evitar cortes de energía. Por su parte, el sector privado gana legitimidad al posicionarse como un actor técnico que advierte riesgos, pero pierde si la opinión pública percibe que sus demandas de inversión ocultan intereses particulares. La construcción de narrativas opuestas —una enfocada en la 'drogadicción al gas' y otra en la 'seguridad energética'— refleja una polarización profunda sobre cómo debe ser la matriz eléctrica del país a largo plazo.