El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040030675, que reglamenta la Ley 2486 de 2025 para vehículos eléctricos de movilidad personal urbana. Esta normativa establece requisitos técnicos obligatorios, como sistemas de frenado, iluminación y un limitador de velocidad, además de la instalación de una lámina de identificación técnica. La medida busca organizar el creciente parque automotor de patinetas y bicicletas eléctricas, facilitando el control por parte de las autoridades de tránsito. La regulación impone límites de velocidad diferenciados según el entorno, permitiendo hasta 25 km/h en espacios recreativos y 40 km/h en calzadas mixtas. Asimismo, se exige el uso de casco certificado y prendas retrorreflectivas en condiciones de baja visibilidad. La norma prohíbe el tránsito recreativo por andenes y espacios peatonales, además de restringir el acceso de estos vehículos al transporte público hasta que se definan protocolos de seguridad específicos. Los propietarios y comercializadores tienen plazo hasta el 1 de enero de 2027 para implementar la lámina de identificación, la cual debe contener datos técnicos precisos. El Gobierno dispuso un periodo pedagógico de tres meses tras la publicación de la resolución para que los usuarios se adapten a las nuevas obligaciones. Durante este tiempo, no se aplicarán sanciones económicas por el incumplimiento de las disposiciones técnicas o de seguridad.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la formalización de la micromovilidad para mitigar los riesgos de accidentalidad urbana sin desincentivar el uso de medios de transporte sostenibles. Al evitar la exigencia de licencias de conducción o SOAT, el Ejecutivo busca mantener el apoyo de los usuarios urbanos, mientras traslada la responsabilidad técnica a los fabricantes y propietarios mediante la lámina de identificación, lo que permite un control estatal más eficiente sin generar una carga burocrática excesiva para el ciudadano común. El principal ganador es la seguridad vial y la institucionalidad, que logra un marco normativo claro para un sector que operaba en un vacío legal. Por el contrario, los usuarios y comercializadores enfrentan un costo de adaptación y una mayor fiscalización. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la 'seguridad y orden', mientras que los actores del sector privado deberán ajustar sus procesos de venta para cumplir con los estándares técnicos exigidos por el Ministerio.

El Ministerio de Transporte expidió una resolución que reglamenta la Ley 2486 de 2025, estableciendo nuevas condiciones técnicas y de seguridad para los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana. A partir del 1 de enero de 2027, los propietarios deberán instalar una lámina de identificación técnica obligatoria en sus bicicletas y patinetas eléctricas. Esta medida busca facilitar las labores de control de las autoridades de tránsito y garantizar la trazabilidad de los vehículos que circulan en el país. La normativa impone límites de velocidad específicos, fijando un máximo de 25 kilómetros por hora en ciclovías y espacios recreativos, y hasta 40 kilómetros por hora en calzadas o carriles mixtos. Además, los vehículos deberán contar con sistemas de frenado, iluminación frontal y trasera, direccionales, avisador acústico y limitadores de velocidad inalterables. El uso de casco certificado y prendas retrorreflectivas en horarios nocturnos también se consolidan como requisitos obligatorios para los conductores. El Gobierno aclaró que, a pesar de estas exigencias, se mantiene la exención de matrícula, licencia de conducción y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para estos medios de transporte. La resolución contempla un periodo pedagógico de tres meses tras su entrada en vigor, durante el cual no se aplicarán sanciones. Asimismo, se restringió temporalmente el ingreso de estos vehículos al transporte público mientras las autoridades definen protocolos de seguridad específicos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la formalización de la micromovilidad urbana para mitigar los riesgos de accidentalidad sin desincentivar el uso de medios de transporte sostenibles. Al evitar la imposición de SOAT o licencias, el Ejecutivo busca un equilibrio entre el control estatal y la aceptación ciudadana, evitando un costo político negativo entre los usuarios de estos vehículos. La medida traslada la responsabilidad de la identificación técnica a los fabricantes e importadores, lo que facilita la fiscalización sin sobrecargar la burocracia de los organismos de tránsito. El principal ganador es la seguridad vial y la institucionalidad, que obtiene herramientas claras para identificar vehículos en caso de infracciones o siniestros. Por el contrario, los usuarios actuales enfrentan una carga administrativa y económica adicional al tener que adaptar sus equipos a las nuevas especificaciones técnicas. La narrativa oficial se construye bajo el concepto de orden y seguridad, diferenciándose de una postura punitiva al enfatizar que no se trata de una matrícula tradicional, sino de un mecanismo de trazabilidad técnica necesario para la convivencia en el espacio público.

El Ministerio de Transporte reglamentó la Ley 2486 de 2025, estableciendo la obligatoriedad de una lámina de identificación técnica para bicicletas y patinetas eléctricas. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, busca facilitar las labores de control y verificación de las autoridades de tránsito sobre los vehículos de movilidad personal urbana. La normativa aplica tanto para unidades nuevas, que deberán ser entregadas con el distintivo por parte de los comercializadores, como para aquellas que ya circulan en el país. La identificación técnica debe contener datos específicos como número de serie, potencia, velocidad máxima y peso, descartando el uso de adhesivos informales. Además de la placa, la resolución impone límites de velocidad de 25 kilómetros por hora en ciclovías y 40 kilómetros por hora en calzadas mixtas. La regulación también prohíbe el tránsito de estos vehículos por túneles, viaductos y vías de alta velocidad, restringiendo además su ingreso al sistema de transporte público masivo. El Gobierno nacional dispuso un periodo pedagógico de tres meses tras la entrada en vigencia de la norma para socializar los cambios con los usuarios. Durante este tiempo, no se aplicarán sanciones monetarias ni inmovilizaciones, permitiendo que los propietarios ajusten sus vehículos a los estándares técnicos exigidos. La ley ratifica que estos medios de transporte continúan exentos de matrícula, licencia de conducción y SOAT, siempre que cumplan con las condiciones de peso y velocidad establecidas.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Transporte se centra en la formalización de la micromovilidad mediante un control técnico que no llega a ser una carga administrativa pesada como la matrícula. Al evitar la exigencia de SOAT o licencias, el Gobierno busca mantener el apoyo de los usuarios de movilidad alternativa, mientras responde a las presiones por mejorar la seguridad vial y la capacidad de fiscalización de las autoridades locales. El gran ganador es la institucionalidad de tránsito, que obtiene herramientas claras para identificar vehículos en operativos, mientras que los usuarios pierden flexibilidad operativa al enfrentar nuevas restricciones de circulación y costos de adecuación técnica. La narrativa oficial construye la medida como un avance en seguridad y orden, diferenciándose de una postura punitiva al enfatizar la exención de impuestos y seguros, lo cual busca mitigar el descontento social ante la nueva carga regulatoria.