Salud supera a corrupción como principal preocupación ciudadana en Colombia, según estudio
Resumen
Un estudio independiente reveló que la salud se ha convertido en la principal preocupación de los colombianos, superando a la corrupción, la inseguridad y el desempleo. El 26,1% de los ciudadanos considera que la salud es el problema más grave del país, según encuestas realizadas entre el 11 y el 30 de mayo de 2026. Este hallazgo es relevante porque indica un cambio en la agenda pública, donde las experiencias directas con el sistema sanitario han ganado peso.
Las dificultades en el acceso y la calidad de la atención se concentran especialmente entre los afiliados a Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno. Solo el 33% de estos afiliados reportó haber recibido servicios sin problemas, en contraste con el 49,5% de quienes pertenecen a EPS no intervenidas. Además, un porcentaje significativo de afiliados a EPS intervenidas afirmó no haber recibido la atención requerida o haberla recibido con dificultades.
Respecto al futuro del sistema, la ciudadanía muestra una postura matizada: el 43,6% apoya una reforma, pero solo el 30,4% está de acuerdo con la desaparición de las EPS. La mayoría, un 57,6%, considera que la responsabilidad de garantizar la atención debe ser compartida entre el Estado y el sector privado, sugiriendo una preferencia por fortalecer el modelo existente en lugar de reemplazarlo por completo.
Análisis Político
El estudio evidencia una estrategia política del gobierno saliente al lograr que la salud se posicione como la principal preocupación nacional, desplazando temas que históricamente han sido bandera de oposición o de debate constante como la corrupción. Esto podría interpretarse como un intento de reorientar la atención pública hacia la gestión del sistema sanitario. Quienes ganan visibilidad son los actores que proponen soluciones o reformas al sistema, mientras que quienes han sido criticados por la gestión de las EPS intervenidas podrían enfrentar un desgaste en su imagen pública.
Se observan narrativas distintas: por un lado, la percepción de un sistema deteriorado que requiere correcciones, y por otro, la preferencia por un modelo mixto que involucre al sector privado. Los ciudadanos reconocen problemas, pero no abogan mayoritariamente por la eliminación total de las EPS, lo que sugiere una demanda de optimización y no de una demolición completa del sistema. La estrategia política podría centrarse en capitalizar esta demanda de reformas puntuales y mejoras en la prestación de servicios.
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