La tradicional romería al Cementerio General, realizada este domingo en conmemoración de las víctimas del golpe de Estado, derivó en graves disturbios protagonizados por grupos de encapuchados. Durante el recorrido, sujetos lanzaron piedras, bombas molotov y fuegos artificiales contra el personal de Carabineros, lo que obligó a la intervención de los carros lanzaaguas y gases disuasivos. La jornada concluyó con un balance de 37 personas detenidas, de las cuales el 60% mantenía órdenes judiciales vigentes por otros delitos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó enérgicamente los hechos y cuestionó la normalización de la violencia en un recinto de respeto como el cementerio. La autoridad enfatizó que los responsables de los ataques no deben ser considerados manifestantes, sino delincuentes violentos que se infiltran en las convocatorias. Asimismo, el secretario de Estado entregó un respaldo explícito a los funcionarios de Control de Orden Público por su labor en el resguardo de la seguridad. Los incidentes provocaron alteraciones significativas en el transporte público, obligando al cierre temporal de estaciones de Metro como La Moneda, Cementerios, Patronato y Cerro Blanco. La violencia también afectó el desarrollo del acto conmemorativo, el cual tuvo una duración menor a la de años anteriores debido a los desmanes en las inmediaciones. Las autoridades reiteraron la necesidad de distinguir entre el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse y los actos delictivos que ocurren bajo el amparo de estas marchas.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la deslegitimación de la violencia callejera mediante una narrativa de orden público, donde el Ejecutivo busca separar tajantemente la protesta social de la delincuencia. Al calificar a los agresores como 'delincuentes' y no como 'manifestantes', el ministro Arrau intenta aislar a los grupos radicales y fortalecer la imagen de Carabineros como garante de la ley, capitalizando el descontento ciudadano ante la recurrencia de estos incidentes en fechas conmemorativas. En este escenario, el Gobierno gana terreno al posicionarse como el defensor del orden y el sentido común, mientras que los sectores que convocan a la marcha enfrentan el costo político de la asociación con los desmanes. La narrativa se construye mediante una dicotomía clara: por un lado, el respeto a la memoria y la manifestación pacífica, y por otro, la criminalización de quienes utilizan el espacio público para la destrucción, forzando a los actores políticos a tomar una postura definida frente a la violencia.