La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, calificó como insuficiente la remoción del subsecretario de Justicia, Luis Silva, tras la polémica por la rebaja de condenas a 56 agresores sexuales de menores. La senadora enfatizó que la salida de la autoridad no soluciona el problema de fondo ni termina con la crisis política que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La medida se produjo luego de que Silva difundiera un video explicativo sin coordinación previa con el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El Ejecutivo designó a la abogada Josefina Soto Larreátegui para reemplazar a Silva en medio de un escenario de alta tensión política. Balladares cuestionó el diseño comunicacional y la falta de coordinación interna en La Moneda, señalando que las responsabilidades no pueden trasladarse entre autoridades. La parlamentaria advirtió que el costo político de esta gestión está afectando la agenda gubernamental y desplazando temas prioritarios como seguridad, empleo y economía. La controversia, que se extiende por dos semanas, ha generado una fractura en el oficialismo y el anuncio de una acusación constitucional contra el ministro Rabat. Balladares defendió los cuestionamientos de su partido argumentando que la lealtad implica señalar errores para ayudar a corregirlos. La situación mantiene al Gobierno bajo presión mientras intenta recuperar la conducción política frente a la ciudadanía.

Análisis político

La estrategia política observada en Renovación Nacional busca equilibrar el respaldo institucional al Gobierno con una fiscalización crítica que permita al partido desmarcarse de los errores de gestión. Al definir la lealtad como una herramienta de corrección, la directiva de RN intenta capitalizar el descontento ciudadano sin romper la coalición, posicionándose como un actor necesario para la estabilidad del Ejecutivo. Esta táctica permite a la colectividad mantener su autonomía frente a las decisiones del Presidente Kast, evitando ser arrastrados por el desgaste de la crisis. El gran perdedor del evento es el Gobierno, que ve debilitada su capacidad de gestión y su agenda legislativa ante la opinión pública. Por su parte, la oposición gana terreno al capitalizar el desorden interno del oficialismo, mientras que figuras como Balladares logran construir una narrativa de responsabilidad política que busca proteger la imagen del sector a largo plazo. La construcción de estas narrativas divergentes evidencia una lucha por el control del relato sobre quién es el responsable de la crisis, trasladando la culpa desde el Presidente hacia los niveles técnicos y ministeriales.