La sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá fue impactada por proyectiles de arma de fuego en una oficina del piso 26, donde labora el procurador delegado Pedro Luis Bonilla. Este funcionario participó activamente en el proceso judicial que resultó en la condena de 31 años contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco 'Kiko' Gómez. Ante el hallazgo, el magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, solicitó medidas urgentes de protección para los togados y sus familias debido a posibles riesgos de seguridad. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) blindar a los magistrados de la Sala Penal. El mandatario advirtió que cualquier intento de intimidación contra la Rama Judicial será perseguido con todo el peso de la ley, independientemente de si los responsables están vinculados al caso de Gómez. Por su parte, el exgobernador negó desde prisión cualquier participación en estos hechos y calificó las acusaciones como una campaña de desprestigio en su contra. Las autoridades mantienen una investigación bajo reserva para esclarecer el origen de los disparos. Fuentes policiales han descartado preliminarmente el uso de armas de largo alcance o francotiradores, señalando como hipótesis principal que el impacto pudo provenir de una bala perdida desde los cerros orientales. Mientras tanto, la hija de una de las víctimas de Gómez denunció amenazas adicionales y expresó temor por su vida, solicitando mayor atención estatal.

Análisis político

El evento revela una estrategia de comunicación gubernamental centrada en la defensa de la institucionalidad, donde el presidente busca capitalizar políticamente su respaldo a la Corte Suprema para proyectar una imagen de autoridad y firmeza frente al crimen. Al personalizar la defensa de los magistrados con la frase 'quien se mete con la Corte, se mete conmigo', el Ejecutivo intenta centralizar la narrativa de orden público y disuadir posibles actos de intimidación contra el sistema judicial. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al posicionarse como garante de la independencia judicial, mientras que el exgobernador 'Kiko' Gómez pierde capacidad de maniobra pública al ser señalado como el principal sospechoso, obligándolo a defenderse desde la reclusión. La construcción de narrativas es divergente: mientras las autoridades judiciales y el Gobierno enfatizan el riesgo de seguridad y la necesidad de protección, la defensa del exgobernador intenta desviar la atención hacia una supuesta persecución mediática y técnica, buscando minimizar el impacto político de la condena en su contra.