El suboficial mayor de Carabineros, Marcos Cosme Barquero, fue despedido en su tierra natal de Hualaihué, Región de Los Lagos, tras fallecer producto de un impacto balístico recibido durante un operativo en Valdivia. El funcionario, integrante del GOPE, resultó herido mientras participaba en la captura de Carlos Cancino, alias “El Rana”, quien era buscado por el homicidio del cabo Eugenio Naín ocurrido en 2020. El deceso del carabinero, quien permaneció tres días en riesgo vital, motivó que el Gobierno decretara tres días de duelo nacional. La institución policial rindió honores al nuevo mártir número 1.256, incluyendo una guardia de honor y un responso en la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco, donde asistió el Presidente José Antonio Kast junto a ministros de Estado. El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó el ascenso póstumo de Cosme al grado de suboficial mayor y anunció que el grupo del GOPE en Araucanía llevará su nombre. La ceremonia en Temuco fue de carácter privado, marcando un momento de alta tensión institucional y pesar nacional. El funeral en Hualaihué contó con la presencia de familiares, vecinos y camaradas, quienes realizaron un gesto simbólico al clavar la piocha del GOPE en el ataúd del funcionario. La viuda del carabinero destacó su vocación de servicio, disciplina y compromiso con la institución, recordando sus planes personales y su trayectoria profesional. Este evento cierra un ciclo de duelo institucional que ha movilizado a las máximas autoridades del país en torno a la figura del fallecido uniformado.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la capitalización del duelo institucional para reforzar la narrativa de orden y seguridad pública, utilizando la figura del mártir como un símbolo de sacrificio frente al crimen organizado. El Gobierno busca proyectar una imagen de unidad y respaldo absoluto a Carabineros, mientras que la oposición y parlamentarios aprovechan la instancia para exigir mayor eficacia en la persecución de redes de protección criminal, evitando que la muerte del funcionario sea percibida como un hecho aislado. El Ejecutivo y la institución policial ganan legitimidad al mostrar una respuesta rápida y coordinada, consolidando el relato de que el Estado no baja los brazos ante la violencia. Por el contrario, los grupos criminales y quienes facilitan la impunidad de prófugos pierden terreno en la opinión pública, al quedar expuestos por la gravedad de sus actos. La construcción de narrativas se divide entre el reconocimiento heroico del funcionario y la crítica política sobre la persistencia de la inseguridad en el sur del país.