Procuraduría investigará a exfuncionarios de Petro por crisis en Nueva EPS y otras entidades
Resumen
La Procuraduría General de la Nación inició expedientes disciplinarios contra 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, incluyendo al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, exsuperintendentes y exinterventores. La medida responde a la crisis administrativa y financiera detectada en la Nueva EPS, así como en las entidades Mutual Ser, Emssanar y Proteger. El ente de control sostiene que, tras casi dos años de intervención forzosa, los indicadores de atención y sostenibilidad financiera han empeorado en lugar de mejorar.
Los informes detallan un incremento masivo en peticiones, quejas, reclamos y tutelas, evidenciando barreras persistentes para el acceso a medicamentos y citas con especialistas. La Procuraduría advierte que, a pesar de las respuestas formales de las EPS ante los fallos judiciales, no se ha logrado una solución material efectiva para los pacientes. En el caso de la Nueva EPS, se proyecta un patrimonio negativo de 11,9 billones de pesos y un rezago significativo en la facturación, lo que agrava la situación de los usuarios de alto costo.
La investigación busca determinar si las decisiones, omisiones o fallas estructurales de los funcionarios señalados contribuyeron al deterioro operativo de la aseguradora más grande del país. Aunque se han registrado mejoras en los tiempos de recuperación de cuentas por cobrar en algunas entidades, el Ministerio Público enfatiza que esto no compensa el colapso en la prestación del servicio. Actualmente, la Nueva EPS continúa bajo intervención, con un nuevo agente especial designado hasta abril de 2027, mientras la Corte Suprema exige un plan de cumplimiento para las tutelas pendientes.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de control institucional por parte de la Procuraduría, que utiliza hallazgos técnicos y financieros para auditar la gestión del gobierno anterior en un sector sensible como la salud. Al señalar a figuras clave de la administración Petro, el ente de control posiciona la crisis de las EPS como una falla de gestión y no solo como un problema estructural del sistema, lo que debilita la narrativa oficial sobre la eficacia de las intervenciones estatales.
En este escenario, los ciudadanos y pacientes resultan ser los principales afectados, mientras que la oposición política capitaliza el deterioro de los indicadores para cuestionar la capacidad administrativa del gobierno saliente. La construcción de narrativas se divide entre la defensa de la intervención como una medida necesaria para corregir irregularidades históricas y la crítica técnica que la señala como la causa directa del colapso actual en la atención médica.
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