La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, tras los hechos ocurridos el pasado 14 de octubre en la Plaza de Bolívar. Durante las movilizaciones, la congresista permitió que una menor de edad subiera a la tarima y pronunciara arengas que incluían expresiones ofensivas contra el presidente de la República. El organismo de control busca determinar si existió una conducta disciplinaria relacionada con la inducción o instrumentalización de la niña para fines políticos.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la confrontación simbólica, donde la oposición utiliza el incidente para cuestionar la ética del Pacto Histórico, mientras la congresista intenta desviar la narrativa alegando manipulación tecnológica mediante inteligencia artificial. Este evento genera un desgaste reputacional para Carrascal, quien es señalada por sectores políticos de usar a menores como herramientas de propaganda, mientras que sus críticos capitalizan el hecho para reforzar la idea de una supuesta falta de límites éticos en la movilización social promovida por el petrismo. La construcción de narrativas es divergente: mientras los denunciantes enfatizan la protección de los derechos de la infancia y la responsabilidad del adulto, la congresista se posiciona como víctima de una campaña de desinformación y edición de videos.