Corte Suprema revela audios de presunta violencia intrafamiliar contra el senador Álex Flórez
Resumen
La Corte Suprema de Justicia incorporó al expediente contra el senador Álex Flórez interceptaciones telefónicas donde su expareja, Johanna Peláez, relata episodios de violencia física, psicológica y económica. Los audios detallan agresiones ocurridas en 2021, incluyendo un incidente tras el anuncio de un embarazo, y describen un grave deterioro en la salud mental de la mujer. El alto tribunal también cuenta con registros médicos de la EPS Sura que documentan lesiones físicas sufridas por la denunciante durante la relación.
El proceso judicial, que consta de más de 300 páginas de pruebas, se mantiene a pesar de que Peláez se retractó públicamente en marzo de 2025. La Sala de Instrucción determinó que dicha retractación no desvirtúa el material probatorio recaudado, sugiriendo que el cambio de versión podría estar vinculado a un ciclo de violencia de género y dependencia económica. El magistrado Marco Antonio Rueda desestimó además los argumentos de la defensa sobre la falta de convivencia, reafirmando la competencia del tribunal en el caso.
El senador Flórez y su expareja han calificado las acusaciones como una persecución política orquestada por sectores interesados en afectar su carrera. Ambos han denunciado en videos públicos ser víctimas de acoso, instrumentalización y amenazas por parte de medios de comunicación y actores externos. Mientras la defensa insiste en la tesis de la persecución, la Corte Suprema avanza en el juicio por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Análisis Político
La estrategia de defensa del senador Flórez se basa en la deslegitimación del proceso judicial mediante la narrativa de la persecución política, buscando trasladar el debate del ámbito penal al terreno de la opinión pública. Al presentar la retractación de la víctima como una prueba de su inocencia, el congresista intenta invalidar el acervo probatorio del alto tribunal, apelando a la idea de que los medios y las autoridades actúan bajo intereses mezquinos para destruir su capital político.
En este escenario, el senador pierde legitimidad institucional al quedar expuesto ante pruebas documentales y testimoniales que contradicen su discurso de víctima, mientras que la Corte Suprema gana autoridad al priorizar el material probatorio sobre las retractaciones públicas. La construcción de narrativas es divergente: mientras el sistema judicial se enfoca en la protección de la integridad física y la autonomía de la mujer, el actor político intenta blindarse bajo el argumento de ser un blanco de ataques sistemáticos, polarizando la percepción ciudadana sobre la veracidad de las denuncias de violencia de género.
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