Procuraduría investiga a exdirectivos de Aerocivil por contrato de 36.300 millones de pesos
Resumen
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Aeronáutica Civil por presuntas irregularidades en un contrato de 36.300 millones de pesos. Los funcionarios vinculados son los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, junto al exsecretario de Servicios a la Navegación Aérea, Carlos Uriel Barragán Mina. El proceso busca determinar si existieron fallas administrativas en la gestión de viajes internacionales para supervisar pruebas técnicas de equipos de comunicaciones en 18 aeropuertos del país.
El ente de control señala que la falta de autorización oportuna para los desplazamientos del personal técnico habría impedido verificar la calidad de los sistemas de comunicaciones de voz antes de su envío a Colombia. Esta omisión comprometería no solo el control de calidad de los dispositivos, sino también la capacitación del personal encargado de operarlos. La investigación pretende establecer si estas deficiencias constituyen faltas disciplinarias por parte de los exfuncionarios durante sus periodos de gestión entre 2023 y 2026.
Esta actuación se suma a las acciones previas de la Contraloría General de la República, que en julio de 2026 realizó una inspección en las instalaciones de la entidad para recopilar material probatorio sobre posibles hechos de corrupción. La administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty ya enfrentaba cuestionamientos previos por denuncias sobre la contratación y la influencia de asesores sin experiencia. Los organismos de control continúan evaluando las evidencias para determinar las responsabilidades individuales en el manejo de estos recursos públicos.
Análisis Político
La apertura de esta investigación refleja una estrategia de control preventivo y sancionatorio por parte de los organismos autónomos frente a la gestión de entidades técnicas del Estado. Al enfocarse en la supervisión contractual y la gestión de viajes, la Procuraduría busca señalar fallas en la gobernanza administrativa que afectan la operatividad de la infraestructura crítica, como lo son los sistemas de navegación aérea.
En este escenario, los exdirectivos pierden capital político y reputacional al quedar vinculados a procesos por presunta corrupción, mientras que los organismos de control fortalecen su narrativa de vigilancia sobre la administración pública. La construcción de esta narrativa se apoya en la fiscalización de contratos específicos para cuestionar la transparencia de la gestión anterior, lo que permite a los entes de control posicionarse como garantes de la eficiencia frente a las denuncias ciudadanas y de funcionarios internos.
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