La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Córdoba para determinar si se utilizó propaganda política con recursos públicos durante la Feria Ganadera de Montería. La investigación se activó tras una denuncia pública del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la difusión de mensajes electorales en un evento presuntamente financiado por la administración departamental. El Ministerio Público busca esclarecer posibles irregularidades administrativas y determinar la responsabilidad de servidores públicos. La controversia surgió por la proyección de un video del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en las pantallas de la feria, donde hacía referencias al escenario electoral. La Procuraduría ha solicitado a la Gobernación de Córdoba información sobre su relación contractual con el evento, si se destinaron subsidios públicos y qué funcionarios estuvieron involucrados. El objetivo es verificar la presencia de material probatorio que respalde la denuncia y establecer si hubo una indebida participación en política. Esta actuación disciplinaria se encuentra en una fase inicial de recaudación de pruebas, destinada a individualizar posibles responsables y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal. La denuncia presidencial y la posterior indagación de la Procuraduría ponen el foco en el uso de recursos públicos y la participación en política de funcionarios en eventos de carácter público, generando un debate sobre la imparcialidad y el uso adecuado del erario.

Análisis político

Se observa una estrategia de fiscalización y control por parte de la Procuraduría, activada por una denuncia presidencial, que busca delimitar el uso de recursos públicos en actividades proselitistas. El presidente Gustavo Petro utiliza su posición para señalar presuntas irregularidades y exigir pronunciamientos de los órganos de control, construyendo una narrativa de defensa de la legalidad y la transparencia. Por otro lado, la Gobernación de Córdoba y el gobernador Erasmo Zuleta se ven envueltos en una situación que podría derivar en sanciones disciplinarias, afectando su imagen y gestión. El principal beneficiado de esta situación es el presidente Petro, quien se posiciona como garante del cumplimiento de la ley y crítico de la participación política indebida, fortaleciendo su discurso de lucha contra la corrupción. El gobernador Zuleta y la administración departamental de Córdoba, así como el precandidato Abelardo de la Espriella, enfrentan un escenario de pérdida de legitimidad y posible sanción. Las narrativas se contraponen: por un lado, la denuncia de uso indebido de recursos públicos para fines electorales; por otro, la defensa de la autonomía y la legalidad de los eventos organizados por la Gobernación.