Prisión preventiva para dos exfuncionarios de Carabineros por extorsión en Ovalle
Resumen
El Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva para dos exfuncionarios de Carabineros, formalizados por el delito de cohecho. Los sujetos habrían exigido 200.000 pesos a un conductor boliviano, sorprendido sin licencia profesional, para evitar su detención tras una falla mecánica en su bus. La extorsión incluyó el traslado del ciudadano en el vehículo policial hacia dos cajeros automáticos para intentar concretar el pago.
La operación ilícita fracasó debido a que la víctima no logró retirar el dinero en los dispensadores bancarios, siendo finalmente trasladado a la unidad policial donde se develó el hecho. El Ministerio Público presentó pruebas contundentes, incluyendo registros audiovisuales de la vía pública y de los cajeros, que muestran a los funcionarios esperando al conductor mientras intentaba obtener el efectivo. La Fiscalía enfatizó que el procedimiento se alejó de los protocolos institucionales, los cuales obligaban a llevar al detenido directamente al cuartel.
Carabineros de Chile confirmó la desvinculación inmediata de los involucrados, un cabo primero y un cabo segundo, tras acreditarse las irregularidades. El tribunal estableció un plazo de 60 días para la investigación, mientras que el conductor también fue procesado por manejar sin la licencia correspondiente. Este evento marca el segundo caso de corrupción policial contra ciudadanos extranjeros en la zona durante los últimos meses.
Análisis Político
La estrategia institucional de Carabineros frente a estos casos se basa en una política de tolerancia cero y desvinculación inmediata para contener el daño reputacional. Al actuar con rapidez mediante sus departamentos de Asuntos Internos, la institución busca aislar las conductas delictivas individuales y evitar que se perciban como una práctica sistémica, protegiendo así la legitimidad de la fuerza ante la opinión pública.
En este escenario, la institución policial es la principal perdedora al ver erosionada su credibilidad en un contexto de alta sensibilidad ciudadana por la seguridad. Por otro lado, el Ministerio Público gana legitimidad al demostrar capacidad de fiscalización y control sobre las fuerzas de orden. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la doctrina institucional, que rechaza estas prácticas, y la realidad de una reincidencia delictiva en la misma comuna, lo que genera una tensión constante sobre la eficacia de los controles internos.
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